Demandas de inversores extranjeros aumentan un 133% en América Latina y Caribe
Los países de la región enfrentan 419 demandas por un total de 36.600 millones de dólares, según nuevos datos. Los mecanismos de arbitraje internacional (ISDS) están limitando la capacidad de los gobiernos para implementar políticas ambientales y de transición energética.
El Costo del Arbitraje Internacional
El Instituto Transnacional ha recopilado datos que muestran 419 reclamaciones ISDS presentadas contra países de la región hasta mediados de octubre de 2025. Venezuela, Argentina, México, Perú y Ecuador concentran casi dos tercios de todas las demandas, con 257 casos. El 23% de las reclamaciones proceden del sector minero, petrolero y gasístico.
Venezuela, el País Más Demandado
Venezuela enfrenta 66 demandas. De los casos resueltos, el 62,5% se decidieron a favor del inversor, lo que ha costado al país casi 19.700 millones de dólares. En 2019, el CIADI ordenó a Venezuela pagar 8.400 millones a ConocoPhillips, el laudo más alto de la región.
Un Freno a la Transición Energética
La mera existencia del mecanismo ISDS es un obstáculo para la transición energética limpia, según la investigadora Bettina Müller. Los países evalúan el riesgo de demandas antes de cancelar proyectos extractivos. La ministra de Medio Ambiente de Colombia, Irene Vélez Torres, pidió reformar estos tribunales, calificándolos como «uno de los mayores obstáculos» para la transición.
El Caso de la Mina Angostura en Colombia
Tras el cierre de la mina de oro Angostura por una decisión de la Corte Constitucional en 2016, la empresa canadiense Eco Oro presentó una demanda de 764 millones de dólares ante el CIADI. El tribunal consideró a Colombia responsable de violar el tratado de libre comercio, pero no ordenó el pago de compensación. El país sí tuvo que pagar más de 6 millones en gastos legales.
Antecedentes: Un Mecanismo Cuestionado
El ISDS es un mecanismo en acuerdos comerciales que permite a inversores extranjeros demandar a estados ante tribunales internacionales. Ha sido criticado por la Relatoría Especial de la ONU y otros por falta de transparencia, altos costos y sesgo pro-inversor. Bolivia se retiró de la convención del CIADI en 2007. Ecuador lo hizo en 2009, pero se reincorporó en 2021.
Cierre: Efecto Paralizante en las Políticas
La amenaza de una demanda ISDS puede llevar a un país a abandonar sus ambiciones de proteger el medio ambiente o a optar por soluciones intermedias. Este «efecto paralizante» o «congelamiento regulatorio» es una realidad recurrente, según los expertos. Cuando hay una demanda, los estados a menudo negocian con el inversor, lo que puede resultar en la reanudación de actividades extractivas.
