Grammarly afronta una demanda colectiva por su herramienta de IA con autores
La empresa Superhuman, propietaria de Grammarly, es demandada por usar nombres de autores sin permiso en su función ‘Expert Review’. La periodista Julia Angwin es la demandante principal. La compañía desactivó la herramienta este miércoles tras las críticas.
La base legal de la reclamación
La demanda federal, presentada en el Distrito Sur de Nueva York, acusa a Grammarly de apropiarse indebidamente de nombres e identidades para obtener beneficios. La denuncia se produce después de que Superhuman decidiera descontinuar la función. La empresa reconoció que «claramente no acertamos» y se disculpó.
Los hechos denunciados
La herramienta ‘Expert Review’ ofrecía sugerencias de edición presentándolas como si vinieran de periodistas, académicos y autores consagrados, como Stephen King o la propia Angwin, sin su consentimiento. Un aviso aclaraba que los citados no habían participado en el desarrollo.
La reacción de una afectada
Julia Angwin declaró su sorpresa al conocer el uso de su nombre. Criticó que los consejos de su doblete digital fueran de baja calidad, llegando a empeorar los textos originales. Su abogado afirma que las leyes de Nueva York y California prohíben este uso comercial sin permiso.
La posición de la compañía
Superhuman, con sede en California, no ha comentado la demanda. Su director ejecutivo, Shishir Mehrotra, había escrito en LinkedIn que la crítica recibida «mejora nuestros productos». La función usaba un modelo de lenguaje grande para generar las revisiones.
Antecedentes de la herramienta controvertida
Superhuman añadió el año pasado una suite de herramientas con IA a Grammarly, incluyendo una que pretendía tener a un escritor veterano criticando el texto del usuario. Varios escritores, incluidos periodistas de WIRED, mostraron su frustración por la invocación de su imagen y trabajo por estos agentes de IA.
Implicaciones del caso
La demanda busca impedir que Grammarly siga usando los nombres de cientos de profesionales sin su autorización. El caso subraya los conflictos legales en el uso de identidades por la inteligencia artificial para fines comerciales, un ámbito donde la legislación existente es aplicable.