Dos policías argentinos no declaran como testigos en la causa contra Evo Morales
Los efectivos Gustavo Rubén Grandolu y Marcos Javier Geier no comparecieron a una audiencia testimonial ayer, martes 10 de marzo de 2026, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 de Argentina. Ambos fueron notificados previamente y forman parte de más de 20 agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) citados en la investigación por presunta trata y corrupción de menores que involucra al expresidente boliviano.
Abogado cuestiona la falta de cooperación del Estado argentino
El jurista José Magioncalda, representante de la Fundación Apolo, afirmó que la ausencia de los custodios es un indicio de que «al gobierno de Argentina no le interesa que esta causa avance». Señaló que los altos mandos de la PFA responden directamente a la Ministra de Seguridad y al Presidente de la Nación. Magioncalda consideró extraño que un policía no concurra a una citación judicial y que el Ministerio no los obligue.
Señalamientos sobre la actitud del Ministerio de Seguridad
El abogado presentó otros indicios de falta de colaboración. Mencionó que el Ministerio de Seguridad no apeló cuando un juez desestimó inicialmente las denuncias, a diferencia de la Fundación Apolo, cuya apelación fue aceptada. También indicó que el Ministerio «se tomó varios meses» para proporcionar los datos de los policías que custodiaron a Morales, entregándolos en etapas y durante varios meses.
Antecedentes de la investigación judicial
La causa judicial investiga al expresidente Evo Morales por presunta trata y corrupción de menores en Argentina. Los policías que no declararon formaban parte del dispositivo de custodia durante el asilo político de Morales en ese país. Más de 20 efectivos de la PFA están citados a declarar entre el 10 de marzo y el 29 de abril de 2026.
Cierre: Implicaciones para el desarrollo del caso
La incomparecencia de testigos clave, según la acusación, puede obstaculizar la investigación. Las declaraciones del abogado de la Fundación Apolo apuntan a una posible falta de voluntad de las autoridades argentinas para que el proceso judicial continúe. El caso sigue su curso tras la revocación de un sobreseimiento inicial por parte de la Cámara de Apelaciones.
