Fiscalía investiga Deterioro de Bienes del Estado por accidente de Hércules de la FAB
El fiscal general Roger Mariaca abrió una investigación por el delito de Deterioro de Bienes del Estado tras el accidente del avión Hércules C-130 de la FAB. El aparato, que transportaba billetes del BCB, se destruyó el pasado viernes en El Alto. La investigación busca determinar responsabilidades tanto en la tripulación como en quienes autorizaron el vuelo.
Una investigación sobre la custodia de un bien público
Mariaca explicó que el avión «pertenece a todos los bolivianos». Una comisión fiscal ya recolecta evidencia y toma declaraciones. El enfoque es determinar si los pilotos tenían las capacidades para manejar la aeronave y también se investiga a quienes ordenaron su uso.
El cargamento y las consecuencias inmediatas
La aeronave transportaba más de 17 millones de piezas de billetes de la Serie B (Bs 10, 20 y 30) para el BCB. Tras el accidente, parte del dinero fue robado por civiles y otra parte fue secuestrada por la Fiscalía como prueba.
Proceso paralelo por la muerte de personas
El piloto del Hércules también es procesado por el delito de «muerte de personas», según su abogado, Ricardo Maldonado. La defensa argumenta que el accidente se debió a condiciones climáticas adversas y una presunta omisión de información desde la Torre de Control sobre el hielo en la pista.
La versión de la defensa sobre el accidente
El abogado sostiene que, al aterrizar, los frenos no respondieron porque la pista estaba «como una pista de patinaje». Afirma que el piloto realizó una maniobra para evitar mayores daños, versión respaldada, según él, por el copiloto y el ingeniero de vuelo.
Antecedentes del caso
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que se abrió una investigación por el delito de “Deterioro de Bienes del Estado” por el accidente del Avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) el pasado viernes.
Implicaciones de la investigación fiscal
La Fiscalía avanza en dos líneas: un proceso penal por las muertes y una investigación por daños al patrimonio estatal. El caso involucra a la FAB, al BCB y a la administración de la infraestructura aeroportuaria, con posibles responsabilidades en múltiples niveles.
