Contiocap alerta de intento de sentenciar a 30 años a indígena tsimane sin investigación
La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas (Contiocap) denuncia que se intenta sentenciar a 30 años de prisión a Julio Lero, un indígena tsimane, sin una investigación técnica e imparcial. La organización exige al Ministerio Público una auditoría técnica del caso y la suspensión urgente de la audiencia de inicio del juicio oral. Lero está acusado del presunto asesinato de Francisco Marupa, un indígena leco, ocurrido en febrero de 2025.
Denuncia de irregularidades en el proceso
La Contiocap califica el trabajo de la justicia como deplorable y vergonzoso, señalando que se violó el derecho a la presunción de inocencia desde el principio. Julio Lero fue detenido por una turba de civiles en su casa y posteriormente interrogado por comunarios, sin garantías procesales. La organización cuestiona que la Fiscalía haya presentado una acusación formal sin elementos investigativos suficientes para establecer la responsabilidad material del acusado.
Problemas en la autoinculpación
El pronunciamiento de la Contiocap subraya que las supuestas declaraciones de autoinculpación carecen de validez. Argumenta que Julio Lero no habla bien español y que, ante la falta de comprensión y la coacción ejercida, fue inducido a declararse culpable. La organización recuerda a la justicia ordinaria que una autoinculpación obtenida con estos vicios no es base suficiente para una condena.
Antecedentes del caso
En febrero de 2025, Francisco Marupa, un indígena leco de la comunidad de Torewa Indígena, fue hallado muerto cerca de su vivienda a causa de un golpe en la cabeza. Algunos comunarios y familiares acusaron a Julio Lero sin evidencia de que estuviera en el lugar del crimen. El indígena tsimane lleva más de un año en prisión preventiva.
Llamado a la intervención nacional e internacional
La Contiocap pidió a la Defensoría del Pueblo y a los Organismos Internacionales de Derechos Humanos que intervengan. Advirtió que, de no exigir una investigación penal adecuada, serán corresponsables de una injusticia en un sistema que, a su juicio, sentencia a indígenas por el hecho de serlo y no con base en pruebas, consumando un acto de discriminación. La Agencia de Noticias Fides ha publicado un reportaje que muestra la falta de pruebas en la acusación.
