Tribunal Agroambiental ordena medidas de protección para el jaguar y defensores
El fallo incluye una pausa ecológica y cautelares para el felino y su hábitat. La decisión se emitió el 23 de abril de 2025 y afecta a actividades extractivas en zonas sensibles. Paralelamente, asume Idelfonso Canaza como nuevo director del SERNAP.
«Justicia ambiental en movimiento»
El Tribunal Agroambiental dispuso medidas cautelares para proteger al jaguar (panthera onca) y a siete defensores ambientales. La resolución ordena la paralización temporal de actividades que amenacen su hábitat, aunque no especifica plazos ni áreas geográficas exactas. La medida llega en un contexto de presión minera sobre recursos hídricos.
Nuevo liderazgo en el SERNAP
Idelfonso Canaza asumió la dirección del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) por recomendación del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). Canaza desmintió tener respaldo de mineros de Apolobamba y se presentará oficialmente ante los medios este 16 de mayo.
Agua en el centro del debate
La Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático exige que los mineros paguen por el uso y contaminación del agua, además de reconocerla como sujeto de derechos. Critican la solicitud de auríferos para explotar en cabeceras de cuenca, lagos y ríos, y piden a la Asamblea rechazar cambios a la Ley Minera.
Impacto local
En Viacha, comunidades indígenas denuncian que 26 empresas mineras ilegales contaminan sus aguas con cianuro. El problema se agrava por lluvias y vertidos de El Alto. El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) alerta sobre daños irreparables a la salud y el ambiente por la flexibilización normativa.
Litio y consulta previa: tensiones visibles
Ambientalistas cuestionan los contratos del litio con empresas rusas y chinas, firmados sin consulta previa a comunidades campesinas. Advierten que la industria requiere 40 millones de m³ de agua anuales en Uyuni, donde solo llueven 3.2 millones. El viceministerio atribuye inundaciones en La Paz a la minería aurífera ilegal.
Un modelo bajo escrutinio
El CEDIB denuncia que el Estado y empresas mineras instrumentalizan la pobreza de las comunidades mediante prebendas para obtener consentimiento. Critican que la consulta previa se realice cuando los proyectos ya están avanzados, anulando derechos en la práctica.
El agua marca el rumbo
Las decisiones judiciales y las demandas ciudadanas reflejan un conflicto entre desarrollo extractivo y conservación. La efectividad de las medidas dependerá de su aplicación en un escenario de presión económica y vacíos regulatorios.
