Funcionarios del Tesoro de EE.UU. poseen acciones en bancos que supervisan
Tres miembros del equipo DOGE del Tesoro declararon inversiones en entidades financieras con las que trabaja el departamento. Expertos en ética gubernamental alertan de posibles conflictos de interés. El portavoz del Tesoro asegura que cumplen con todas las normativas.
«Una bandera roja gigante» en el corazón financiero
Tom Krause, líder del equipo DOGE del Tesoro y secretario fiscal asistente, declaró poseer centenares de miles de dólares en acciones de JP Morgan, Bank of America y otras entidades que proveen servicios al departamento. Dos colegas suyos, Todd Newnam y Linda Whitridge, también tienen participaciones en Intuit, empresa que «lobbyea contra el programa IRS Direct File», según el informe.
¿Supervisores o accionistas?
Krause supervisa el sistema de pagos federales y la gestión de la deuda pública. Los bancos en los que invierte participan en subastas de deuda y procesan pagos gubernamentales. Exfuncionarios como Don Hammond califican estas inversiones de «extremadamente problemáticas», ya que podrían influir en decisiones clave.
El caso Intuit y los impuestos
Las acciones en Intuit, dueña de TurboTax, generan especial controversia. La empresa ha presionado contra IRS Direct File, un programa gratuito de declaración de impuestos que la administración Trump planea eliminar. Julie Brinn Siegel, exsubjefa de gabinete del Tesoro, cuestiona: «¿Para quién trabajan?».
Antecedentes: DOGE, tecnología y polémica
El equipo DOGE, creado para modernizar los sistemas del Tesoro, enfrenta críticas por su acceso a bases de datos sensibles. Mientras el secretario Scott Bessent defiende su labor, sindicatos y demócratas denuncian violaciones de privacidad. Un juez evalúa levantar la última restricción a su acceso.
Entre la legalidad y la ética
El Tesoro insiste en que sus empleados cumplen las normas, pero expertos como Dylan Hedtler-Gaudette (Project on Government Oversight) subrayan que un alto cargo no debería tener vínculos financieros con las empresas que regula. El caso refleja tensiones entre modernización, intereses privados y supervisión pública.
