Fiscalía investiga a expresidenta de Aduana por sobreprecio de 20 millones en escáneres
La expresidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, enfrenta dos procesos penales. Una investigación se centra en la compra de dos escáneres con un presunto sobreprecio de 20 millones de bolivianos. La otra indaga irregularidades en la compra de un terreno y la construcción del edificio de la Aduana en Tarija, con un daño económico estimado de 10 millones de bolivianos. La Fiscalía de La Paz ha emitido una orden de aprehensión contra Serrudo, quien no se ha presentado a declarar.
Dos líneas de investigación activas
El presidente ejecutivo de la Aduana, Alberto Soto de la Vía, confirmó la existencia de ambos casos. Sobre la compra de escáneres, indicó que los equipos están funcionando en los puntos fronterizos de Tambo Quemado y Pisiga, pero se detectó un sobreprecio en su adquisición. Serrudo es investigada por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
Operativos de búsqueda en curso
Debido a su incomparecencia, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión. La Policía ha activado operativos para localizar a la exfuncionaria y ejecutar el mandamiento judicial. Este es el segundo proceso penal que enfrenta, sumándose al caso de las obras en Tarija.
Antecedentes: El caso de la Aduana de Tarija
La investigación por la construcción del edificio de la Aduana en Tarija revela presuntas irregularidades en la compra del terreno y en los costos de la obra. Se lanzaron tres licitaciones; las dos primeras, con propuestas de 1,8 millones de bolivianos, fueron anuladas. El contrato se adjudicó en una tercera licitación a una empresa que ofertó 2,7 millones. Además, el costo por metro cuadrado de la construcción se elevó de 300 a 1.000 dólares.
Cierre: Implicaciones y alcance de las investigaciones
Las pesquisas incluyen también a los representantes de la Sociedad Accidental Guadalquivir, adjudicataria del contrato de construcción en Tarija. Los dos casos en su conjunto representan un presunto daño económico al Estado que supera los 30 millones de bolivianos, entre el sobreprecio de los escáneres y las irregularidades en la obra tarijeña. Los procesos avanzan en la Fiscalía de La Paz.
