Cuatro condenados por el escándalo del software espía Predator en Grecia

Un tribunal de Atenas ha condenado a cuatro vendedores del software Predator por espiar ilegalmente a 87 personas, incluidos políticos y periodistas. Las penas, de hasta 126 años, están suspendidas a la espera de apelación.
BBC: World News & Stories
El caso se vio en un tribunal de delitos menores en Atenas (imagen de archivo)
El caso se vio en un tribunal de delitos menores en Atenas (imagen de archivo) / Getty Images / BBC

Cuatro condenados por escándalo de software espía en Grecia

Cuatro comercializadores del software Predator han sido condenados a penas de hasta 126 años, suspendidas en espera de apelación. Un tribunal de Atenas los halló culpables de violar la confidencialidad de las comunicaciones y acceder ilegalmente a datos personales de 87 objetivos, entre ellos ministros, militares y periodistas.

Condenas y límites legales

El tribunal dictó sentencias largas, pero solo se cumplirían un máximo de ocho años por tratarse de delitos menores. Se negó la atenuante y se señaló que los acusados actuaron con la participación de «terceros desconocidos», que podrían ser funcionarios de servicios de inteligencia griegos o extranjeros.

Repercusión y reacciones

El caso, conocido como el ‘Watergate griego’, ha generado un debate sobre la responsabilidad democrática. Una víctima, el periodista Thanasis Koukakis, declaró que la decisión satisface la violación de su vida privada y prueba que existen salvaguardas para el Estado de derecho. El abogado de las víctimas, Zacharias Kesses, pidió que se investigue la implicación de terceros en delitos graves.

Origen del escándalo

El caso estalló en 2022 cuando Nikos Androulakis, actual líder del PASOK, fue alertado por el Parlamento Europeo de un mensaje malicioso. El software Predator, de la empresa israelí Intellexa con sede en Atenas, puede acceder a mensajes, cámara y micrófono de un dispositivo. Androulakis también descubrió que los servicios de inteligencia griegos (EYP) lo habían vigilado por «razones de seguridad nacional».

Implicaciones y cierre del proceso

El juez ha remitido las actas a la Fiscalía de Atenas para que investigue posibles delitos graves, incluido espionaje. Este es el único segmento del caso que ha llegado a juicio, celebrado en un tribunal de delitos menores. Ningún cargo oficial del gobierno ha sido imputado, pese a que el primer ministro Kyriakos Mitsotakis calificó los hechos de escándalo. Una nueva ley de 2022 legalizó posteriormente el uso estatal de software de vigilancia bajo condiciones estrictas.

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