Vicepresidente adelanta interpelación a ministro pese a advertencia de nulidad
El vicepresidente Edmand Lara convocó a la Asamblea Legislativa Plurinacional para interpelar al ministro de Hidrocarburos, Sergio Medinaceli, este jueves 26 de febrero a las 09:00. El acto estaba inicialmente fijado para el 6 de marzo. El presidente del Senado, Diego Ávila, sugirió suspender la sesión porque, debido a un fallo constitucional, el proceso no tendría efectos legales y no podría derivar en una censura.
Un acto sin efecto legal inmediato
Diego Ávila argumentó que la interpelación carece de mecanismo para la destitución. Señaló que no se gana nada si la autoridad “nos puede contar cualquier cosa y no habrá ningún efecto”. Ávila pidió trabajar en una nueva ley que otorgue efectos reales al proceso. Hasta el momento, no recibió respuesta del Vicepresidente a su nota advirtiendo esta situación.
El antecedente legal que paraliza las interpelaciones
La Constitución establece que la censura en una interpelación significa destitución automática. Sin embargo, en agosto de 2023, el gobierno de Luis Arce planteó la inconstitucionalidad de la ley 1350, que regulaba este proceso. Un vocal del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Isarel Campero, vetó dicha ley. Desde entonces, todo acto interpelatorio quedó paralizado.
Un expediente congelado en el TCP
El fallo que anuló la ley 1350 se encuentra en el TCP para su revisión. El magistrado Yvan Espada, autoprorrogado en el cargo, ‘congeló’ el expediente. Este caso forma parte de los aproximadamente 2.000 casos pendientes en ese tribunal, según reconocen los propios magistrados del actual TCP.
Convocatoria oficial con un único punto
La Vicepresidencia publicó la convocatoria a diputados y senadores. El único punto del orden del día es la interpelación al ministro Medinaceli. La sesión se realizará este jueves por la mañana, adelantándose dos semanas a la fecha originalmente prevista.
Un proceso a la espera de resolución constitucional
La interpelación convocada se desarrolla en un vacío legal creado por la suspensión de la ley 1350. Mientras el expediente permanezca congelado en el TCP, cualquier interpelación carecerá del efecto de censura y destitución previsto en la Constitución. La situación deja en suspenso la capacidad de control político de la Asamblea sobre los ministros de Estado.
