Estado boliviano ignora el consentimiento en casos de violencia sexual

Ana Paola García denuncia estereotipos que perjudican a víctimas, especialmente trabajadoras sexuales. La directora de la Casa de la Mujer critica que las instituciones prioricen la violencia física sobre la falta de consentimiento. La advertencia se dio este 14 de mayo en La Paz, basada en fallos internacionales incumplidos.

«La víctima ideal no existe, pero el Estado la busca»

García señaló que el sistema judicial boliviano sigue exigiendo un perfil estereotipado: «Tiene que estar deshecha, en un lugar seguro, no debe haber bebido». Este enfoque, según ella, desacredita testimonios y deja fuera a mujeres que no encajan en el molde tradicional, como las trabajadoras sexuales.

El consentimiento: un concepto ausente

La legislación penal boliviana solo reconoce la violación cuando hay violencia física o intimidación, ignorando casos donde falta consentimiento. «El bien jurídico protegido debería ser la autodeterminación sexual», explicó García, recordando que la Corte Interamericana ya falló a favor de este criterio (caso Brisa Angulo vs. Bolivia).

El «agresor improbable» y la doble vara

García criticó la ventaja simbólica de hombres que cumplen roles sociales (proveedores, padres): «Se valora más su imagen que la palabra de la víctima». Agregó que esta dinámica se agrava cuando la afectada ejerce trabajo sexual, pues se asume erróneamente que «aceptan cualquier maltrato».

Raíces de un sistema que revictimiza

Bolivia arrastra una cultura judicial que desconfía de las mujeres, especialmente si su conducta desafía normas tradicionales. El fallo de la Corte IDH en 2023 (caso Brisa Angulo) exigió reformas, pero las autoridades aún no internalizan el consentimiento como eje. García subrayó que esto perpetúa estructuras de poder violentas dentro del Estado.

Justicia pendiente para todas

La advertencia de García expone un vacío legal y cultural que deja sin protección a miles de mujeres. Mientras el consentimiento no sea prioritario, las víctimas seguirán enfrentando obstáculos, según la experta. El desafío inmediato es reformar el enfoque judicial, tal como mandatan estándares internacionales.