Gobierno anula licitación para monitorear redes sociales por 696.000 bolivianos
El Ministerio de la Presidencia retiró el proceso de contratación. La decisión se produce tras críticas legislativas por presunta vigilancia. El Ejecutivo atribuye la anulación a una reestructuración organizativa.
Reacción política ante el proyecto cancelado
La licitación desató críticas en la Asamblea Legislativa. La diputada Claudia Herbas (Alianza Popular) lo calificó como un atentado a la libertad de expresión. Desde el oficialismo, el diputado Rudy Pantaleón (PDC) defendió el proyecto como un mecanismo de evaluación de la gestión.
Alcance técnico del sistema propuesto
El documento base establecía la contratación de un sistema de escucha social con IA y Big Data. La empresa debía procesar conversaciones en Facebook, TikTok y X, identificar actores de narrativas y anticipar crisis con una antelación de seis a 48 horas.
Antecedentes de la polémica
La red DTV difundió un video de abril de 2024 donde el entonces senador Rodrigo Paz denunció un supuesto intento del gobierno de Luis Arce para controlar el internet en Bolivia, comparándolo con medidas de países como Venezuela y Nicaragua.
Cierre: Justificación gubernamental y repercusiones
El Gobierno negó intenciones de censura, defendió el uso de estas herramientas como responsabilidad de un Estado moderno para medir el impacto de las políticas públicas. La anulación cierra un proceso que generó un debate sobre los límites del monitoreo estatal en plataformas digitales.
