Fiscalía concluye investigación por trata y pasa caso de Evo Morales al Órgano Judicial
El Ministerio Público de Bolivia ha finalizado la investigación y presentado la acusación formal contra el expresidente Evo Morales por el presunto delito de trata agravada de personas. El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, confirmó que la causa ahora está en el Tribunal Primero de Sentencia del TDJ de Tarija, que debe gestionar las notificaciones y fijar la fecha del juicio oral.
El proceso avanza hacia el juicio oral
El fiscal Mogro indicó que el Ministerio Público ha cumplido con presentar el pliego acusatorio y las pruebas de cargo. Ahora, corresponde al Órgano Judicial realizar las notificaciones a las partes, cumplir los plazos procesales y señalar el día y hora para el juicio oral, público y contradictorio. La Fiscalía aguarda la notificación formal del tribunal para continuar con el proceso.
Situación procesal del acusado
Mogro recordó que la orden de aprehensión contra Morales continúa vigente y su ejecución corresponde a la Policía Nacional. Señaló que, si el acusado no comparece, el tribunal deberá declararlo rebelde, lo que derivaría en un nuevo mandamiento de aprehensión. El expresidente se declaró ‘perseguido político’ tras reaparecer públicamente.
Antecedentes de la causa judicial
El proceso se inició con una investigación fiscal en septiembre de 2024. En diciembre de ese año, la entonces fiscal departamental Sandra Gutiérrez presentó la acusación formal por trata agravada contra Evo Morales e Idelsa Pozo Saavedra. El 17 de enero de 2025, un juzgado declaró en rebeldía al exmandatario por no presentarse a una audiencia. La presunta víctima y su hija menor se encuentran bajo refugio diplomático en Argentina desde agosto de 2025.
Cierre: Fase decisiva del proceso penal
Con la investigación concluida y la acusación presentada, el caso entra en la etapa de juzgamiento. La definición de la situación jurídica del exmandatario dependerá del desarrollo del juicio oral. El tribunal de Tarija tiene ahora la responsabilidad de activar esta fase final del proceso penal.