Decreto 5552 reasigna dependencias de Vicepresidencia al Ministerio de la Presidencia

Opositores denuncian que la norma debilita al vicepresidente Edmand Lara y fortalece al ministro José Luis Lupo. Legisladores de Libre y Alianza Social afirman que la medida convierte a Lara en un cargo simbólico y consolida a Lupo como una figura de poder. El Gobierno defiende la constitucionalidad del decreto.

Críticas desde la oposición: «florerovicepresidente de facto»

El diputado de Libre, Armin Lluta, declaró que el vicepresidente Edmand Lara «ya es un florero sin agua». Sostiene que el decreto lo priva de facultades administrativas, como designar funcionarios. Rafael Quispe, exdiputado, afirmó que José Luis Lupo se ha convertido en un «vicepresidente de facto», al administrar direcciones que antes dependían de la Vicepresidencia.

Preocupación por la institucionalidad y el presupuesto

La diputada Lissa Claros señaló que se ha configurado una «vicepresidencia de facto». Afirmó que todas las funciones, prerrogativas y el presupuesto de la vicepresidencia pasarían a ser manejados por el ministro Lupo. Desde Alianza Social, la diputada Claudia Herbas lamentó que Lara dependa ahora de autorizaciones ministeriales.

Defensa gubernamental y base constitucional

El viceministro René Flores defendió la legalidad del Decreto Supremo 5552. Aseguró que se sustenta en el artículo 174 de la Constitución, que establece las atribuciones del Vicepresidente. Flores explicó que la norma no vulnera las funciones constitucionales del cargo, como asumir la Presidencia o coordinar relaciones con la Asamblea Legislativa.

Antecedentes del conflicto político

Los críticos vinculan la medida a tensiones políticas internas. Rafael Quispe manifestó que Lupo «responde a Samuel Doria Medina». Claudia Herbas describió a Lupo como el «candidato perdedor de Samuel Doria Medina» y lamentó que problemas personales entre autoridades desestabilicen al país.

Repercusión en el equilibrio de poder

El debate continúa generando controversia sobre el impacto en la institucionalidad. La oposición sostiene que el decreto altera el equilibrio dentro del Órgano Ejecutivo, mientras el Gobierno insiste en su carácter administrativo y legal. La situación pone en evidencia las tensiones en la estructura de poder.