Diputados denuncian que DS 5552 es un golpe a la institucionalidad de la Vicepresidencia

El Decreto Supremo 5552 reconfigura la estructura de la Vicepresidencia, eliminando sus funciones administrativas. Los diputados Daniel Fernández (PDC) y Lissa Claros (Libre) calificaron la medida como un «golpe» a la institucionalidad. No descartan acciones legales contra el presidente Rodrigo Paz por «abuso de poder».

Reducción de atribuciones vicepresidenciales

El decreto limita el accionar del vicepresidente a tareas de apoyo legislativo y asesoramiento jurídico. No podrá designar a sus directores porque esas unidades ahora dependen del Ministerio de la Presidencia. Para realizar un viaje al exterior, tendrá que gestionar recursos con el ministro José Luis Lupo.

Reacciones políticas y acusaciones

La diputada Claros declaró que es un «atropello y básicamente es un ‘golpe de Estado’ a la institución». El diputado Fernández comparó la administración de Paz «con los tiempos dictatoriales en Bolivia». Seguidores del vicepresidente se apostaron en la Plaza Murillo para protestar y acusaron al empresario Samuel Doria Medina de estar detrás del decreto.

Antecedentes del conflicto institucional

Los parlamentarios argumentan que las atribuciones del segundo mandatario fueron reducidas a su mínima expresión. Fernández afirmó que «quieren acallar a una voz que ‘representa’ a los más humildes» y no descartó tomar acciones desde la Asamblea Legislativa Plurinacional para hacer respetar a la cabeza del Órgano Legislativo.

Cierre: posibles acciones y movilizaciones

Los manifestantes no descartaron autoconvocarse para salir a las calles y protestar contra el «gobierno dictatorial» de Paz. La medida ha generado una confrontación política directa entre el oficialismo y sectores de la oposición, que consideran vulnerada la independencia de poderes del Estado.