Soliz denuncia que el vicepresidente Lara intenta coartar su libertad de expresión

El abogado Jaime Soliz denuncia que el vicepresidente Edmand Lara intenta coartar su libertad de expresión mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional. La audiencia será el 24 de febrero. Soliz califica la acción como un mecanismo de amedrentamiento.
Correo del Sur
El abogado, exfiscal y político Jaime Soliz.
El abogado, exfiscal y político Jaime Soliz. / Archivo Sucre/CORREO DEL SUR / Diario Correo del Sur

Soliz denuncia que el vicepresidente Lara intenta coartar su libertad de expresión

El abogado Jaime Soliz denunció que el vicepresidente Edmand Lara intenta coartar su libertad de expresión mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional. La audiencia está programada para el martes 24 de febrero. Soliz fue Director General de la Vicepresidencia durante 14 días en diciembre.

Un recurso judicial como mecanismo de amedrentamiento

Jaime Soliz, ex colaborador del vicepresidente, calificó la acción legal como “un juicio político y un mecanismo de amedrentamiento”. Alertó que si el Tribunal falla en su contra, se sentaría un precedente para censurar a cualquier crítico. Lara reclama protección a la privacidad, intimidad, imagen y dignidad.

Antecedentes de la disputa pública

La confrontación comenzó tras la renuncia de Soliz a su cargo en la Vicepresidencia. El abogado cuestionó públicamente a Lara y llegó a solicitar una “valoración psicológica” para el segundo mandatario por sus declaraciones en redes sociales. Soliz argumentó que esto muestra “ciertas sombras de dictadura en su persona”.

Fundamento legal de la defensa

Soliz, como jurista demandado, sostiene que la demanda vulnera instrumentos internacionales y la CPE. Señaló que el recurso interpuesto por Lara viola el Pacto Interamericano de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Implicaciones del fallo constitucional

El caso pone en debate los límites entre la crítica pública y la protección de derechos personales. La resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) podría establecer un precedente legal sobre el alcance de la libertad de expresión en Bolivia respecto a figuras públicas.

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