Exgerente de Huanuni descarta regulación estatal a cooperativas mineras

El exgerente de la Empresa Minera Huanuni, Guillermo Dalence, afirma que el gobierno de Rodrigo Paz no regulará el sector cooperativista. En una entrevista con ANF, Dalence expresó escepticismo sobre la capacidad y voluntad del Estado para ejercer control. Considera que la administración actual carece de la fuerza para establecer un dominio legal pleno.

Falta de voluntad política y control estatal

Guillermo Dalence respondió de manera categórica al ser consultado sobre la capacidad del nuevo gobierno para llevar mayor presencia estatal a las zonas mineras: “Yo no creo”. Según su análisis, sin una presencia institucional sólida es imposible establecer normas sistemáticas para cooperativas y empresas privadas. El exgerente atribuye esta situación a la naturaleza política del actual gobierno, al que describe como un segundo intento de la derecha oligárquica.

Críticas a la inacción y la transparencia

Dalence fue directo en su evaluación de la gestión: “No están haciendo nada y no van a hacer nada para cambiar la realidad del sector cooperativista”. Añadió que desconfía de la transparencia de la administración de Paz, señalando presuntas irregularidades en contratos y medidas económicas. Esta situación, a su juicio, resta credibilidad a cualquier intento de control serio sobre el sector minero.

Un antecedente de desconfianza política

La desconfianza de Dalence se fundamenta en la composición del gabinete. Sostuvo que está conformado por los mismos grupos vinculados a figuras de la vieja derecha política como Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga y Carlos Mesa. Esta percepción alimenta su convicción de que no habrá un cambio real en la política hacia las cooperativas mineras.

Cierre: Advertencia sobre el modelo y una solución lejana

Dalence advirtió que el discurso de abrir “Bolivia al mundo” podría terminar favoreciendo a grandes transnacionales en detrimento de los beneficios nacionales. Para él, la solución pasa por consolidar una presencia estatal efectiva que obligue al cumplimiento de normas laborales, ambientales y de salud. Sin embargo, insiste en que el actual gobierno no tiene ni la intención ni la capacidad de encarar esa tarea.