Trabajadoras sexuales denuncian nuevas extorsiones policiales pese a compromisos
La organización Otrasex de Oruro denuncia que la Policía mantiene prácticas de extorsión sistemáticas. La dirigente Claudia Fernández afirma que, aunque disminuyó la exigencia irregular del carnet sanitario, los efectivos han implementado una nueva modalidad de presión. Esto ocurre pese a las promesas públicas del comandante general, Mirko Sokol, de una lucha frontal contra la corrupción.
Nueva modalidad de extorsión en módulos policiales
La dirigente explicó que la nueva forma de presión consiste en retener el carnet de identidad bajo un falso argumento de denuncia por robo. “Les dicen que su documento está observado y las obligan a llegar a un ‘arreglo’ económico”, detalló Fernández. Estas prácticas se darían en divisiones como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) o la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).
Indiferencia ante delitos y operativos municipales cuestionados
Fernández también cuestionó la indiferencia policial ante hechos graves. Al intentar denunciar intentos de violación o incumplimiento de pago, reciben como respuesta: “Es su trabajo de ustedes”. Sumado a esto, denunció operativos de la Intendencia municipal en horarios inusuales, como las 04:00, que no derivan en clausuras, lo que sugiere tratos irregulares con propietarios.
Condiciones laborales abusivas y precariedad en la salud
Las trabajadoras señalan condiciones laborales abusivas. Deben permanecer en los locales desde las 19:00 hasta las 04:00, haya o no clientes, y pagar entre 10 y 15 bolivianos por habitación. Denuncian precariedad extrema, con camas improvisadas sobre cajas de cerveza. En el sistema de salud, relatan carencia de insumos básicos y discriminación del personal médico.
Antecedentes: promesas incumplidas y corrupción persistente
La denuncia se produce a pesar de los compromisos públicos de la Policía. Según Fernández, las declaraciones del comandante general Mirko Sokol sobre una lucha frontal contra la corrupción no se han traducido en cambios reales. “Nos reunimos con un alto mando en Oruro que aseguró que las cosas iban a cambiar… pero en los módulos policiales… siempre hay extorsión”, afirmó.
Cierre: alerta por especulación en proyecto de reubicación
La organización alertó sobre una presunta especulación inmobiliaria en el proyecto de traslado a la zona de La Pampa. Según Fernández, autoridades y dueños habrían adquirido terrenos a bajo costo para revenderlos hasta en 20.000 dólares a las propias trabajadoras, agravando su situación de vulnerabilidad.
