MAS deja sistema judicial débil tras dos décadas en el poder

El 91,77% de las causas revisadas por el TCP denuncian abusos judiciales. Expertos señalan que los gobiernos de Morales y Arce consolidaron un sistema «sometido al poder político». La cobertura judicial solo alcanza al 48% de los municipios, según datos de la Fundación Construir.

«Justicia convertida en instrumento de abuso»

El artículo denuncia que el Órgano Judicial boliviano actúa como «herramienta del gobierno» en lugar de limitar sus excesos. El autor afirma que «la politización de la justicia» y la «criminalización de la política» son prácticas recurrentes bajo los gobiernos del MAS. El presupuesto judicial apenas representa el 0,37% del total estatal, lo que agrava su ineficiencia.

Instituciones capturadas

La Contraloría, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Procuraduría «operan al servicio de la corrupción», según el texto. El artículo destaca que el centralismo estatal (art. 172 de la Constitución) perpetúa este modelo, impidiendo una justicia independiente.

Cifras que reflejan el colapso

Según la Fundación Construir: – 48% de los 339 municipios tiene cobertura judicial. – 41% cuenta con Ministerio Público. – 29% accede a defensa pública. La Comisión IDH ya había exigido al Estado ampliar estos servicios, pero las recomendaciones «no se aplicaron».

Raíces de un sistema fracturado

El texto atribuye el problema a una estructura estatal «colonial y presidencialista», donde prima la voluntad del gobernante sobre la Constitución. El MAS mantuvo este modelo, pese a prometer un «proceso de cambio». Un intento ciudadano de reforma constitucional en 2023 fue boicoteado por el gobierno de Arce.

Sin justicia no hay futuro

La debilidad judicial afecta derechos fundamentales, seguridad jurídica e inversiones, según el análisis. Ni el MAS ni la oposición incluyen reformas profundas en sus agendas. El autor concluye que Bolivia sigue siendo «uno de los países más atrasados del continente» por esta causa.