Dictan detención preventiva para exinterventor de Epsas por caso de tuberías

Bladimir Iraízos, exinterventor de EPSAS, cumple seis meses de detención preventiva en San Pedro, La Paz. Se le acusa de conducta antieconómica por una compra irregular de tuberías en 2022 que habría causado un daño de 14 millones de bolivianos al Estado.
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Dictan seis meses de detención preventiva para exinterventor de EPSAS

El presunto daño económico asciende a 14 millones de bolivianos. La Justicia ordenó la detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro de La Paz contra Bladimir Iraízos, exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS). La medida se dictó en el Juzgado de Instrucción Penal 12 de La Paz por presunta conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Acusaciones por compra irregular de tuberías en 2022

El caso gira en torno a la supuesta compra irregular de tuberías en 2022. La actual administración de EPSAS, a través de su interventor Edgar Landívar, señaló que una auditoría identificó un daño económico de casi 14 millones de bolivianos para el Estado. La demanda fue presentada en noviembre de 2025 por Pedro Flores, también exinterventor de la empresa.

Defensa del acusado y ampliación de la investigación

Bladimir Iraízos, aprehendido el pasado jueves, declaró que su detención es injusta. Solicitó que se cite a dos personas especialistas que viajaron a China para certificar las tuberías y que, según su declaración, no han sido convocadas. La auditoría mencionada identificó inconsistencias en el nombramiento de la comisión que inspeccionó el material en Tianjin, China.

Antecedentes: Auditoría revela incumplimientos en EPSAS

Una auditoría estableció que más de 25 trabajadores de EPSAS incumplieron sus deberes en el proceso de compra. El informe también identificó irregularidades en la conformación de la comisión que viajó a inspeccionar las tuberías a la fábrica en China.

Cierre: Proceso judicial en marcha por daño al Estado

El caso judicial avanza con la medida cautelar de detención preventiva dictada contra el exinterventor. Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades por el presunto perjuicio económico de 14 millones de bolivianos atribuido a la compra de tuberías.

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