Experta cuestiona cifra de afectación al narcotráfico por avionetas secuestradas

La criminóloga Gabriela Reyes sostiene que es imposible cuantificar aún el impacto económico real. Esto contradice las declaraciones del comandante de la UMOPAR Beni, Sandro Peñarrieta, quien estimó un perjuicio de 17,7 millones de dólares tras los operativos de la FELCN entre el 5 y el 12 de febrero.

Secuencia legal versus declaración de impacto

La experta explicó la diferencia procesal entre secuestro, incautación y confiscación. Subrayó que el dato real de afectación solo puede calcularse tras la confiscación judicial definitiva, no tras el secuestro preventivo. Según sus datos, cerca del 50% de las aeronaves retenidas son devueltas a sus propietarios.

El precedente del caso Mondaca

Reyes recordó que, en el operativo de 2019 donde se secuestraron 67 aeronaves, ninguna fue transferida a la DIRCABI en los plazos legales ni se consolidó su confiscación. Por tanto, la supuesta afectación económica en ese caso no se materializó.

Los operativos recientes en el Beni

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) ejecutó intervenciones en San Borja, Puerto Varador y San Ramón. Se aseguraron 16 aeronaves, combustible y se aprehendió a cinco personas.

Implicaciones de la advertencia

La criminóloga pone en perspectiva el resultado inmediato de los operativos. Su análisis señala que declarar un impacto económico antes de la resolución judicial es prematuro y se basa en un dato potencial, no real. El proceso legal determinará el destino final de los bienes secuestrados.