Diputada califica de inconstitucional la ley que amplía el arraigo a exautoridades

La diputada Cecilia Requena califica de inconstitucional la Ley 1709, que amplía el arraigo para exautoridades de 90 días a seis meses. Afirma que viola derechos humanos como la presunción de inocencia y el debido proceso, y critica su aplicación indiscriminada.
Opinión Bolivia
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Diputada Requena califica de inconstitucional la Ley 1709 de arraigo

La norma amplía el arraigo para exautoridades de 90 días a seis meses. La diputada Cecilia Requena, de Alianza Unidad, afirma que la ley viola derechos humanos y debería haber sido segmentada. El presidente Rodrigo Paz promulgó la ley el sábado.

Críticas por violación de garantías fundamentales

La diputada Cecilia Requena declaró que la ley es “inconstitucional” y vulnera derechos humanos como la presunción de inocencia y el debido proceso. Sostiene que estas garantías forman parte del bloque constitucional y de tratados internacionales. La medida afecta a exautoridades sin distinguir su historial, tratándolas como delincuentes sin que el Estado haya probado nada.

Alcance de la ley y afectados

La Ley 1709 modifica la norma anterior y obliga a permanecer en el país seis meses tras cesar el mandato. Incluye a expresidentes, vicepresidentes, ministros, gobernadores, alcaldes, asambleístas, concejales y altos ejecutivos de empresas que administren recursos fiscales.

Repercusión práctica y propuesta alternativa

Requena advierte que exautoridades no podrán viajar por trabajo, salud o familia durante tres meses adicionales. Propone que la norma debió segmentarse, con mecanismos como listas de personas expuestas a corrupción o sistemas de alerta para viajes, como se hace en otros países.

Antecedentes: Una modificación legal controvertida

El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley Nº 1709 la noche del sábado. Esta modifica la Ley 1352 de 2020, ampliando el plazo de arraigo de 90 días a seis meses para exautoridades del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas.

Cierre: La ley como síntoma de un problema mayor

La diputada considera que esta medida evidencia que las autoridades judiciales no hacen su trabajo. Aunque entiende la intención de evitar la fuga de corruptos, concluye que las soluciones no pueden violar derechos humanos y que la ley tapa la incompetencia de las instituciones estatales.

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