Bolivia recupera cooperación con la DEA pero prohíbe sus agentes en suelo nacional
El Gobierno de Bolivia ha reanudado la cooperación con la DEA de EE.UU., limitada a inteligencia, equipamiento y fondos, sin personal estadounidense en el territorio. Esta decisión, anunciada por el viceministro de Sustancias Controladas, busca combatir el narcotráfico sin reactivar el debate sobre soberanía, tras la expulsión de la agencia en 2008.
Un acuerdo de cooperación con condiciones muy definidas
El viceministro Ernesto Justiniano especificó que la colaboración consiste en equipos, apoyo técnico, inteligencia compartida y dinero. Aclaró que «la gente teme que los estadounidenses vayan a estar en el territorio — eso no va a suceder». El acuerdo también incluiría controles de confiabilidad para el personal de la FELCN, la policía antidroga boliviana.
Un contexto político delicado por la expulsión histórica
La DEA fue expulsada en 2008 por el entonces presidente Evo Morales, quien acusó a sus agentes de espionaje político. Esto provocó una ruptura diplomática completa. El actual presidente, Rodrigo Paz Pereira, busca restablecer la relación, pero el retorno de la DEA ha generado alarma en los sindicatos de cocaleros del Chapare, bastión de Morales.
La magnitud del desafío del narcotráfico justifica el movimiento
Bolivia es el tercer mayor productor mundial de cocaína. El cultivo de coca alcanzó 34.000 hectáreas en 2024, superando en 12.000 el límite legal. El gobierno reporta incautaciones y detenciones en los primeros 90 días de gestión, destacando la urgencia de la situación. El país se ha convertido en un centro de operaciones para redes de narcotraficantes internacionales.
El regreso de una figura clave para la estrategia antidroga
El nombramiento de Justiniano, quien ya ocupó el cargo antes de la era Morales, señala continuidad con la estrategia anterior a 2008. El gobierno insiste en que la cooperación no significa dependencia, afirmando que se actúa con «soberanía sobre los asuntos del país».
El éxito depende de la tensión en la región cocalera
La prueba definitiva será si la cooperación logística puede mantenerse como tal. El acuerdo se enfrenta a la oposición frontal de los cocaleros, que han ampliado sus patrullas de seguridad y ven el regreso de la DEA como una amenaza a su sustento. El gobierno insiste en que el objetivo es desmantelar redes de droga, no perseguir opositores políticos.
