Gobierno boliviano y Starlink negocian tarifas para internet rural con Entel

El Gobierno boliviano y STARLINK trabajan en definir tarifas para su servicio de internet satelital. El objetivo es conectar zonas rurales, centros de salud y escuelas. La estatal ENTEL será la comercializadora oficial.
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Gobierno y STARLINK negocian tarifas de internet rural con ENTEL

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció que el Gobierno nacional y la empresa STARLINK trabajan en definir tarifas para el servicio de internet satelital. El objetivo es facilitar el acceso en zonas rurales, centros médicos y unidades educativas. La empresa estatal ENTEL será el socio estratégico encargado de la comercialización del servicio en Bolivia.

Un acuerdo para conectar lo desconectado

El ministro Zamora reveló las negociaciones en una entrevista, indicando que el foco está en eliminar la limitante del acceso a internet en áreas remotas. Aunque no proporcionó detalles específicos, aseguró que «sí va a haber una gran noticia en las próximas semanas respecto a este tema». La alianza operativa se concretará a través de ENTEL, socio elegido por STARLINK para operar en el territorio boliviano.

El rol estratégico de la empresa estatal

ENTEL actuará como el comercializador oficial del servicio de STARLINK en el país. Zamora explicó que, si bien la empresa de Elon Musk podría tener otros socios, «Entel va a ser el encargado de comercializar este servicio». Este modelo de trabajo conjunto busca estructurar la oferta de internet de alta velocidad vía satélite para poblaciones específicas.

Antecedentes del servicio satelital

STARLINK es el servicio de internet satelital desarrollado por SPACEX, de Elon Musk, diseñado para llegar a zonas sin cobertura de fibra óptica o redes móviles 4G/5G. Utiliza una red de satélites en órbita baja y puede ofrecer velocidades de hasta 175 Mbps, siendo una solución técnica para áreas de difícil acceso.

Cierre: A la espera de anuncios oficiales

El anuncio del ministro sitúa a la negociación de tarifas como el paso previo a la implementación operativa. La repercusión directa se espera en el sector rural, la salud y la educación, pendiente de los detalles formales que el Gobierno promete comunicar en las próximas semanas.

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