Solo dos denuncias de trabajadoras sexuales logran sentencia en cinco años
El 98,5% de los casos queda en impunidad por estigma patriarcal. Datos de la Fiscalía General revelan que 139 denuncias entre 2020-2024 fueron ignoradas o archivadas. La violencia institucional y social las obliga a normalizar agresiones.
«Nos pasan muchas cosas y nadie nos cree»
Las trabajadoras sexuales enfrentan violencia física, extorsión policial y descredito sistemático al denunciar. Adriana, exdirigenta en La Paz, resume: «Piensan que no podemos sufrir violencia de género». La Defensoría del Pueblo confirma su alta vulnerabilidad, con agresiones desde clientes hasta proxenetas y autoridades.
Barreras para acceder a justicia
Claudia Fernández (Otrasex Oruro) relata cómo la Policía rechaza denuncias: «¿Para qué van a gastar?». Casos como el de Karina —emboscada por cuatro hombres— o Rebeca —violada por un taxista— quedaron impunes. La FELCV revictimiza: «¿Cómo vas a decir violación si eres trabajadora sexual?».
El peso del estigma
La socióloga Lopo Gutiérrez explica: «El patriarcado las considera ‘mujeres inferiores'». Esto justifica que sus agresiones sean vistas como «daño menor». La Corte Interamericana exige centrarse en el consentimiento, pero Bolivia mantiene una visión retrógrada que anula sus derechos.
Doble vida, doble violencia
Ocultar su ocupación les genera estrés y aislamiento. Nayeli Sánchez (Otrasex Potosí) denuncia: «Las familias las expulsan al descubrirlas». Además, se les niega créditos, salud y educación. Pese a ello, muchas estudian o mantienen hogares, destaca el especialista Nelson Churqui.
Heridas que no se ven
La psicóloga Gabriela Yañez alerta sobre depresión, alcoholismo y suicidios por la culpa internalizada. «Vuelven a exponerse porque no tienen opción». El abandono estatal es total: no hay ley que las proteja, y la Ley 348 —contra la violencia— «no es para nosotras», sentencia Fernández.
Un sistema que las borra
La moral conservadora y la falta de regulación perpetúan su exclusión. Protocolos policiales y sanitarios prometidos en 2024 nunca se implementaron. Mientras, agresores —desde clientes hasta tratantes— operan en total impunidad.
Sin derechos, sin futuro
El acceso a justicia sigue siendo «un lugar hermético», según Gutiérrez. Sin reconocimiento laboral ni protección, su supervivencia depende de locales insalubres y dueños abusivos. El Estado las ignora, y la sociedad las juzga: «Sueñan como cualquier mujer, pero el estigma las condena».
