Juan Bascopé cumple 11 años preso por un crimen que niega haber cometido
Condenado a 30 años sin pruebas contundentes. El apicultor boliviano denuncia torturas y irregularidades en su proceso judicial. Su caso expone fallos sistémicos en la justicia boliviana.
«Soy inocente, mi conciencia está limpia»
Juan Bascopé, técnico en apicultura, fue detenido en 2014 y sentenciado en 2021 como único condenado por la muerte de tres uniformados y un médico en Apolo (2013). «No hubo pruebas físicas ni pericias balísticas», afirma su abogado Eusebio Vera. La fiscalía se basó en testimonios de otros detenidos, obtenidos bajo coacción.
La tortura como «método de investigación»
Bascopé relata que fue golpeado durante 72 horas por policías y militares, con fiscales presentes que no intervinieron. Dos agentes están procesados por tortura, pero el ITEI denuncia que «jueces y fiscales invisibilizan estos crímenes». El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura confirma que Bolivia aún usa técnicas heredadas de manuales de la CIA.
Un juicio plagado de irregularidades
El proceso tuvo 19 fiscales, 6 jueces y múltiples investigadores, pero ninguno determinó el calibre del arma homicida ni realizó inspecciones técnicas. «Buscaban un chivo expiatorio», sostiene Vera. De 25 acusados, 24 están prófugos; solo Bascopé, capturado sin orden, cumple condena.
«La justicia divina me hará justicia»
Bascopé perdió a su esposa y otros familiares durante su encierro. Aunque su salud sufre secuelas cardíacas y fracturas mal curadas, planea recurrir a instancias internacionales: «No confío en la justicia boliviana». Mientras, se aferra a su inocencia y a su oficio de apicultor como proyecto de vida.
Un sistema que prefiere culpables a verdades
El caso ocurrió en un contexto de conflicto por cultivos de coca en Apolo, donde operaba la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). La Defensoría del Pueblo ha documentado que el 100% de las denuncias por tortura en Bolivia quedan impunes, según datos del MNP.
La lucha continúa, tras las rejas
Bascopé insiste en su inocencia y en la falta de pruebas, mientras su defensa busca anular la sentencia. Su historia refleja un patrón recurrente: condenas basadas en testimonios frágiles y procesos viciados, donde los más vulnerables cargan con errores judiciales.