Exministro Lima denuncia inconstitucionalidad en proceso contra juez Moreno

El TCP no se ha pronunciado sobre el caso en siete meses, pese a tener un plazo de 40 días. Iván Lima, exministro de Justicia, critica que la magistrada haya sido detenida preventivamente sin que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emita su fallo, como exige la normativa.

«El TCP debe pronunciarse antes de juzgar a un juez de garantías»

Lima señaló en Red Uno que la Sentencia Constitucional 629/2014 establece que ningún juez de garantías puede ser procesado sin que el TCP decida «confirmar, revocar o definir» su situación. «Nadie puede iniciar una acción penal hasta que el Tribunal no se pronuncie», enfatizó. La juez Lilian Moreno fue aprehendida el lunes en Santa Cruz y trasladada a La Paz, donde se le imputan delitos por una resolución que benefició a Evo Morales en un caso de 2015.

Retrasos y contradicciones

El exministro cuestionó que el TCP lleve siete meses sin resolver el caso, pese a tener un plazo máximo de 40 días. Además, criticó que algunos magistrados estén en Brasil mientras más de 9.000 casos esperan resolución. «¿Quién incumple más deberes: el que se toma siete meses o la juez que dictó una resolución?», planteó Lima.

Medidas cautelares polémicas

Moreno fue enviada a prisión preventiva por 30 días en Palmasola (Santa Cruz), aunque Lima sostiene que el delito imputado no admite ese tipo de medidas. El Consejo de la Magistratura le abrió procesos por prevaricato y faltas graves, además de la denuncia del Ministerio de Justicia.

Un TCP en la mira

El TCP acumula críticas por demoras y ausencia de magistrados. El caso de Moreno evidencia tensiones entre poderes, especialmente tras su fallo favorable a Morales, figura polarizante en Bolivia. La norma exige su intervención previa en procesos contra jueces, pero su inacción ha generado vacíos legales.

Justicia en suspenso

La situación de Moreno queda en un limbo jurídico hasta que el TCP se pronuncie. Mientras, la demora del tribunal y las acusaciones cruzadas reflejan falencias en el sistema judicial boliviano, con repercusiones directas en la credibilidad institucional.