Justicia dicta detención domiciliaria para jefe militar por malversación en Cofadena

Un alto mando militar fue aprehendido y sometido a detención domiciliaria en La Paz, acusado de uso indebido de bienes de COFADENA. La Fiscalía investiga el presunto alquiler de maquinaria institucional con pagos a cuentas privadas.
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El militar es acusado de uso indebido de bienes del Estado.
El militar es acusado de uso indebido de bienes del Estado. / RRSS / Unitel Digital

Justicia dicta detención domiciliaria a jefe militar por malversación

Un jefe militar fue aprehendido y sometido a detención domiciliaria en La Paz. La Justicia lo acusa del delito de uso indebido de bienes del Estado, específicamente de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA). La investigación permanece activa.

Detalles de la operación y la acusación

La aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden judicial. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Henry Pinto, confirmó el hecho. La acusación central es que el militar utilizó bienes y recursos de COFADENA para fines particulares. La investigación señala que presuntamente alquilaba maquinaria de la institución y recibía pagos en cuentas personales.

Ampliación de la investigación fiscal

La Policía no descarta convocar a otras personas presuntamente vinculadas. Los detalles sobre las próximas acciones de la Fiscalía se mantienen en reserva. La investigación se inició tras una denuncia formal por los hechos irregulares dentro de la institución militar.

Antecedentes del caso en la institución castrense

El caso se centra en el uso indebido de recursos de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA). El jefe militar es acusado de haber utilizado bienes y recursos de esta entidad estatal con fines personales, según la investigación.

Cierre y proyección legal del proceso

El implicado enfrenta una medida cautelar de detención domiciliaria mientras avanza el proceso. El caso podría ampliarse a más personas, según lo que determine la Fiscalía. La repercusión directa se da en el seno de las Fuerzas Armadas y en la gestión de sus empresas estatales.

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