Comcipo exige anular contratos de litio con empresas extranjeras
El Comité Cívico Potosinista demanda la nulidad de todos los acuerdos con firmas foráneas hasta que se apruebe una nueva Ley del Litio. El representante de la entidad, Alberto Pérez, califica los contratos como ilegales y perjudiciales.
Requisito previo para la explotación
Alberto Pérez, presidente de Comcipo, sostiene que los 15 convenios y dos contratos suscritos por Yacimientos de Litio Bolivianos deben volver a “foja cero”. Cualquier acuerdo debe firmarse después de contar con una normativa clara y consensuada.
Acuerdos firmados en salares
Según datos de la Fundación Solón, YLB firmó convenios para los salares de Pastos Grandes, Coipasa y Empexa con empresas de China, Rusia, Francia, Argentina, Australia, Alemania y el Reino Unido. Además, existen dos contratos para el salar de Uyuni con Uranium One Group y el consorcio Hong Kong CBC.
Críticas a la postura gubernamental
Comcipo rechaza la postura del ministro de Energía, Mauricio Medinaceli, quien confirmó que el gobierno respetará los contratos con Uranium One Group y Hong Kong CBC. Pérez acusa al ministro de intentar validar actos que, a su juicio, no se ajustan a la normativa exigida por la región.
La propuesta de Comcipo
Para la entidad cívica, la solución pasa por “rayar nuevamente la cancha” mediante una Ley del Litio consensuada. Proponen un régimen similar al de los hidrocarburos que garantice una distribución equitativa de beneficios y respete los intereses de los territorios productores.
Antecedentes de los contratos
La Fundación Solón detalla la firma de múltiples convenios por parte de YLB con empresas extranjeras para la explotación en distintos salares del país, sumando acuerdos con firmas de China, Rusia, Francia, Argentina, Australia, Alemania y el Reino Unido.
Implicaciones de la demanda
La exigencia de anulación total de los acuerdos antes de una nueva ley plantea un escenario de tensión entre el gobierno nacional y los actores cívicos de las regiones productoras. El conflicto se centra en el marco legal y la distribución de beneficios de la explotación del litio.
