Comcipo condiciona su apoyo a la Ley del Litio al respeto constitucional y la consulta previa

El Comité Cívico Potosinista exige que la futura Ley del Litio cumpla la Constitución, garantice la consulta previa a regiones productoras y establezca el domicilio legal de YLB en Potosí. Advierten que sin consenso, la ley carecerá de legitimidad.
Agencia de Noticias Fides - Bolivia
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Comcipo condiciona su apoyo a la Ley del Litio a consulta previa y respeto constitucional

El Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) exige que la futura Ley del Litio cumpla la Constitución y garantice la consulta previa. La entidad demanda que el proyecto legislativo actual sea devuelto a «foja cero» para unificar iniciativas. Además, reitera que el domicilio legal de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) debe establecerse en Potosí.

Exigencias para una ley legítima

Alberto Pérez, representante de COMité vico POtosinista, afirmó que cualquier norma sobre este recurso estratégico debe nacer del consenso de los departamentos productores. Subrayó que el litio no puede legislarse de espaldas a las regiones. Para ello, impulsan una «Cumbre del Litio» en febrero para articular propuestas, como la de Nor Lípez.

Preocupaciones ambientales y sede de YLB

Uno de los puntos centrales es el impacto ambiental. Pérez señaló que la ley debe incorporar estudios rigurosos sobre el uso del agua, recurso escaso en la región. Asimismo, reiteró la demanda de que el domicilio legal de YLB se establezca en Potosí, como reconocimiento al departamento que alberga el Salar de Uyuni.

Antecedentes del proyecto de ley

La nueva Ley del Litio busca establecer un marco legal integral para la prospección, explotación, industrialización y comercialización del recurso. El proyecto también plantea delimitar áreas del Salar de Uyuni como reserva turística protegida y fortalecer la participación estatal a través de YLB.

Cierre: La legitimidad depende del consenso

Para COMCIPO, el equilibrio en la normativa solo será posible si la ley se construye con las regiones productoras. Advierten que, sin respetar la Constitución y la consulta previa, cualquier normativa carecerá de legitimidad social.

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