Trabajadores de salud denuncian penalmente al alcalde de Santa Cruz por incumplimiento de deberes

Un abogado denunció penalmente al alcalde Jhonny Fernández por incumplimiento de deberes, debido al impago de salarios y la falta de insumos en hospitales. Los trabajadores mantienen un paro y una huelga de hambre.
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Trabajadores en salud denuncian formalmente al alcalde Jhonny Fernández
Trabajadores en salud denuncian formalmente al alcalde Jhonny Fernández / Archivo-UNITEL / Unitel Digital

Trabajadores de salud denuncian penalmente al alcalde cruceño por incumplimiento

El abogado Ragiv Echalar formalizó una denuncia penal por el delito de incumplimiento de deberes contra el alcalde Jhonny Fernández. La acción legal se debe a la falta de pago de salarios, subsidios y seguros médicos, así como al desabastecimiento de infraestructura e insumos en hospitales.

Acusaciones concretas y medidas solicitadas

El letrado detalló que la denuncia se basa en que la autoridad municipal no cumple con su deber constitucional de atender los hospitales. Echalar enumeró que no se pagan salarios, subsidios a gestantes ni el seguro médico del personal. Además, solicitarán un arraigo para impedir que Fernández eluda la justicia ante el cambio de autoridades por las elecciones subnacionales.

Paro y protestas se mantienen

El dirigente Robert Hurtado ratificó la continuidad del paro de 96 horas iniciado el 19 de enero. La medida incluye bloqueos en la Quinta Municipal y una huelga de hambre que supera los 15 días. Hurtado afirmó que se sumarán más personas a las protestas hasta que se atiendan sus reclamos salariales dirigidos a la Alcaldía y la Gobernación.

Antecedentes del conflicto laboral

Los trabajadores en salud mantienen un paro y una huelga de hambre prolongada. Su principal reclamo es el pago de sueldos y subsidios pendientes por parte de las autoridades departamental y municipal de Santa Cruz.

Implicaciones legales y políticas

La denuncia penal introduce una dimensión judicial al conflicto laboral. La solicitud de arraigo busca garantizar que el alcalde responda ante la justicia, independientemente del resultado de las próximas elecciones subnacionales.

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