Asesinato de niña de 11 años entierra a Fleurance entre fallos policiales

Lyhanna, de 11 años, fue enterrada en Fleurance tras su asesinato, mientras crece la indignación por los fallos policiales que permitieron que el presunto asesino, Jérôme Barella, de 41 años, permaneciera en libertad. El principal sospechoso fue denunciado hace nueve meses por presuntos abusos sexuales repetidos a una niña de 10 años, pero no fue interrogado ni una sola vez por los investigadores.

Denuncias ignoradas y aviso de Estados Unidos

Según el diario Le Monde, las autoridades de Estados Unidos alertaron a la policía francesa tras la actividad online de Barella, que sugería acceso a imágenes de abuso sexual infantil. La policía francesa descubrió este aviso después del arresto de Barella. La Oficina Nacional para Menores de Francia (OFMIN) recibió la señal en 2023 y la calificó de “débil”. La oficina afirma recibir alrededor de 300.000 señales al año.

Nuevas acusaciones contra la familia Barella

Han surgido nuevas acusaciones sexuales contra el padre y el hermano de Barella. Yannick Barella, hermano del sospechoso, fue puesto bajo investigación por violación tras las denuncias de dos mujeres, una de ellas menor en el momento del presunto delito. El padre, Joël Barella, de 71 años, también está bajo investigación después de que los fiscales reabrieran un caso de 2019 en el que se le acusa de abusar sexualmente de la nieta de su pareja. Ambos niegan las acusaciones.

Un crimen que se convierte en escándalo nacional

El asesinato de Lyhanna, que fue vista en el coche de Barella tras salir del colegio, se ha convertido en un escándalo nacional por los errores oficiales que permitieron al sospechoso estar en libertad. Barella ya había sido identificado en tres casos de abuso sexual cuando fue denunciado en agosto por la presunta violación de una niña llamada Rosa. Un examen médico confirmó las acusaciones, pero la justicia y la gendarmería actuaron con tal lentitud que Barella ni siquiera fue contactado durante los siguientes nueve meses.

Reacciones políticas y presión social

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha resistido las peticiones de dimisión. Una encuesta mostró que dos tercios de los encuestados consideran que debe seguir en su puesto. Darmanin atribuyó los fallos a una falta de priorización del caso, no a una falta de recursos. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha prometido endurecer las penas de prisión para violadores de menores y fijar un plazo para las investigaciones. Los grupos de campaña exigen una ley integral contra la violencia sexual y un presupuesto de 2.700 millones de euros, y han anunciado protestas semanales ante los tribunales.

Un sistema bajo escrutinio

El caso ha sacudido a Francia en un momento de creciente preocupación por el trato de la justicia a los delitos sexuales contra mujeres y menores. La alcaldía de París ha tenido que defenderse de acusaciones de negligencia tras varios casos de auxiliares escolares acusados de abusos. La líder del sindicato CGT, Sophie Binet, ha declarado: “Necesitamos un cambio estructural”.