Gobierno expulsa a argentinos por injerencia política
La expulsión de ciudadanos argentinos fue determinada por el Gobierno nacional tras detectar su participación en reuniones de la COB. La decisión se basa en videos e imágenes que muestran a extranjeros involucrados en actividades políticas locales, incluyendo su presencia en ampliados sindicales donde se instó a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.
Identificación y medidas migratorias
El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, informó que en coordinación con el Ministerio de Gobierno y la Dirección de Migración se identificó a estos individuos. Algunos habrían ingresado con visa de turista pero realizaron actividades consideradas como injerencia política. La autoridad declaró que se aplicaron mecanismos para solicitar la salida inmediata de estas personas que incitan a la desestabilización.
Prueba de desestabilización democrática
El canciller calificó los hechos como prueba de un proceso de desestabilización de la democracia. Aramayo cuestionó la presencia de extranjeros en escenarios de conflictividad interna y señaló que azuzan a la población para atizar la polarización. Mencionó el antecedente de la activista argentina Mercedes Trimarchi, quien participó en un cabildo en El Alto y abandonó el país el 28 de mayo tras emitir declaraciones consideradas falsas.
Llamado a la soberanía y al diálogo
Aramayo cuestionó la permisividad de sectores que permiten la participación de actores extranjeros en espacios sindicales y políticos, afectando la soberanía nacional. El Gobierno reiteró el llamado a la madurez política y subrayó la necesidad de priorizar el diálogo como mecanismo para resolver conflictos. El canciller afirmó que el diálogo debe mantenerse como pilar fundamental del sistema democrático.
Desafío con sectores radicalizados
La autoridad reconoció que el acercamiento con sectores radicalizados representa un desafío significativo. Insistió en que si existe voluntad genuina y transparencia entre las partes, no debería haber razones para rechazar espacios de encuentro. El Gobierno mantiene su postura a favor del diálogo como valor supremo de la democracia.
