Los cívicos cruceños señalan al INRA por los avasallamientos
Más de 460 avasallamientos acumula Santa Cruz, según los cívicos provinciales, que responsabilizan al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) por la situación. La denuncia se produjo este lunes tras un nuevo caso en la propiedad Santa Rita, en El Puente.
Denuncia contra el personal del INRA
El presidente de los Comités Cívicos Provinciales de la Cruceñidad, Juan Marcelo Méndez, afirmó que los funcionarios afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) continúan en el INRA. “Solamente han cambiado a la directora y al asesor legal, después todos los funcionarios de la gestión del MAS continúan”, declaró Méndez en conferencia de prensa. El dirigente añadió que, mientras la Dirección de Dotación permanezca en La Paz, “los masistas seguirán manipulando esta dirección”.
Repercusión de la inacción del INRA
Méndez calificó los avasallamientos como “estricta responsabilidad del INRA” y denunció que el organismo “no hace nada”. El cívico provincial subrayó que “por su silencio cómplice” se han registrado más de 460 avasallamientos que afectan a propiedades privadas, comunidades, parques y reservas. Además, criticó que no se haya podido realizar una auditoría a la dotación de tierras.
Llamado a la acción del Gobierno
El segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Dino Franco, rechazó que la situación del país sirva de excusa. “Continúan los avasallamientos. Nuestras áreas protegidas siguen avasalladas, nuestros parques nacionales siguen avasallados y nuestras comunidades ancestrales están sobreencimadas”, afirmó. Franco exigió que el Gobierno “empiece a actuar”.
Contexto de los avasallamientos
El texto señala que el último avasallamiento ocurrió en la propiedad agrícola Santa Rita, en el municipio de El Puente, provincia Guarayos. Los cívicos provinciales de Santa Cruz responsabilizan al INRA por no hacer cumplir la ley en materia de tierras.
Implicaciones de la denuncia
La denuncia de los cívicos cruceños apunta a una falta de control en la dotación de tierras y a la continuidad del personal afín al MAS en el INRA. La impugnación pública busca presionar al Gobierno para que actúe contra los avasallamientos en la región.
