La Paz sufre desabastecimiento de gasolina y reventa a 20 bolivianos
76 bloqueos a nivel nacional, 21 de ellos en La Paz, agravan la escasez de combustible. Conductores y ciudadanos forman largas filas durante horas y denuncian la venta ilegal de gasolina en el mercado negro.
Filas interminables y surtidores vacíos
En La Paz, decenas de vehículos y personas con bidones esperan durante días para conseguir combustible. Un ciudadano relataba que llevaba tres días intentando abastecerse. Las filas de motorizados alcanzan la autopista que une La Paz con El Alto, mientras en varios surtidores ya no quedaba gasolina ni diésel.
Denuncias de reventa ilegal
El dirigente del transporte libre, Limbert Tancara, denunció que persiste la venta ilegal de gasolina en el mercado negro a precios de hasta 20 bolivianos por litro. Afirmó que personas compran combustible en surtidores para revenderlo a través de redes sociales, dejando sin acceso regular al carburante a la población. Tancara pidió a la ANH y a la Policía Boliviana identificar y detener a los revendedores.
Acuerdo parcial en Caranavi y Coroico
Tras 29 días de movilizaciones, los alcaldes de Caranavi y Coroico lograron una pausa humanitaria con la organización campesina 2 de Agosto. El acuerdo permitió el paso de 36.000 litros de combustible, alimentos y camiones entre la medianoche y las tres de la madrugada. Se acordó la venta de gasolina a 200 bolivianos para vehículos documentados y 150 para «chutos». En otras estaciones de servicio de La Asunta y Chulumani se denunció que el combustible se vende entre 9 y 15 bolivianos por litro.
Antecedentes de la crisis de combustible
Los 21 bloqueos en el departamento de La Paz, en el marco de las protestas de organizaciones sociales, han afectado no solo al suministro de combustible, sino también al abastecimiento de insumos, alimentos y al traslado de pacientes.
Implicaciones de la escasez y la reventa
La combinación de bloqueos y mercado negro agrava el desabastecimiento en La Paz. Los conductores de transporte público y privado, así como los ciudadanos, son los más afectados por las largas jornadas de espera y los precios abusivos, mientras las autoridades buscan intensificar los controles.