Bolivia denuncia ante la OEA graves amenazas contra su democracia

El canciller Fernando Aramayo alertó al Consejo Permanente de la OEA sobre acciones que buscan quebrantar el orden constitucional en Bolivia, pidiendo condena y acompañamiento internacional.
Opinión Bolivia
Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Aramayo.
Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Aramayo. / Cancilleria / URGENTE.BO

Bolivia denuncia amenazas a su democracia ante la OEA

El canciller Fernando Aramayo pidió respaldo al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 20 de mayo de 2026. Alertó sobre hechos que amenazan el orden democrático, la institucionalidad y los derechos fundamentales en Bolivia.

Denuncia de desestabilización institucional

Aramayo afirmó que el conflicto, iniciado a principios de mayo, es alentado por quienes buscan quebrantar el orden constitucional. Señaló que hay grupos organizados que exceden el derecho a la protesta y usan presión violenta y bloqueos coercitivos para generar desestabilización. El canciller indicó que estas acciones afectan al gobierno y al sistema de garantías que protege los derechos de la población.

Cinco solicitudes al Consejo de la OEA

El ministro presentó peticiones para que el Consejo adopte decisiones sobre el conflicto. Solicitó reafirmar el compromiso hemisférico con la democracia en Bolivia y condenar la violencia política. Pidió respaldar los esfuerzos del gobierno para el diálogo y la pacificación, expresar solidaridad con el pueblo boliviano y solicitar el acompañamiento del secretario general de la OEA.

Origen del conflicto a principios de mayo

Las movilizaciones comenzaron hace más de tres semanas. Según el canciller, los grupos organizados buscan debilitar al gobierno constitucional y alterar el orden democrático mediante mecanismos de desestabilización institucional.

Implicaciones de la petición boliviana

La solicitud de apoyo a la OEA busca fortalecer el diálogo democrático y preservar la institucionalidad en Bolivia. El gobierno espera que el organismo internacional contribuya a la paz social y a la solución constitucional de las controversias.

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