Gremiales y transporte pesado denuncian a líderes de bloqueos
Dirigentes del transporte pesado y gremiales presentan una denuncia penal contra el ejecutivo de la COB y el dirigente de la Túpac Katari por los bloqueos en carreteras de Bolivia.
Dos denuncias separadas por bloqueos
Los dirigentes del transporte pesado y de los gremiales anuncian la presentación de una denuncia penal contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el máximo dirigente de la organización Túpac Katari, Vicente Salazar. El dirigente de los gremiales, Toño Siñani, informó que la denuncia será presentada este jueves. Siñani señaló que la denuncia contempla dos delitos: privación al trabajo e instigación.
Transportistas varados y marcha prevista
El dirigente del transporte pesado, Domingo Ramos, indicó que varios de sus afiliados se encuentran varados en distintas carreteras del país. Ramos anunció que este jueves realizarán una marcha en La Paz para exigir a los movilizados levantar sus medidas de presión “por humanidad” y permitir el paso de los camiones detenidos. La denuncia debía presentarse este miércoles, pero en la Fiscalía les solicitaron más documentación.
Apoyo a las movilizaciones desde los choferes
La Federación Departamental de Choferes señaló el martes que muchos de sus afiliados ya están en los puntos de vigilia y brindaron respaldo a la posición de los bloqueos. “Nos sumamos a las movilizaciones en el departamento de La Paz”, manifestó Edson Valdez, dirigente del sector, quien indicó que apoyan y respaldan a los choferes que ya están en los puntos de bloqueo.
Contexto de las medidas de presión
El martes la Policía reportó más de 60 puntos de bloqueo en diferentes carreteras de Bolivia. La COB y los campesinos lideran estas medidas de presión. La denuncia penal se suma a la suspensión temporal del envío de cisternas con gas por parte de YPFB a zonas bloqueadas, según publicaciones del mismo medio.
Implicaciones de la denuncia
La denuncia penal presentada busca procesar a los líderes de los bloqueos por los delitos de privación al trabajo e instigación. Los dirigentes denunciantes exigen garantías para la libre transitabilidad y un cuarto intermedio para que los transportistas puedan llegar a sus destinos, mientras la situación mantiene a varios afiliados varados en carreteras del país.
