La CEPB pide mediación nacional e internacional en Bolivia
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) solicitó un equipo de mediación para resolver los conflictos sociales. La petición se hizo este martes, 12 de mayo de 2026, en un comunicado titulado “Bolivia demanda acuerdos, institucionalidad y resultados”. La CEPB busca un diálogo entre los sectores movilizados y el Gobierno de Rodrigo Paz.
Propuesta de mediación y llamado a la ley
La CEPB pidió la conformación de un equipo con entidades nacionales de derechos humanos y organismos internacionales. El objetivo es promover un diálogo efectivo para encontrar soluciones. La organización exigió que se imponga la ley y que se abran procesos contra quienes realicen bloqueos de carreteras.
Advertencia sobre el conflicto social
El sector empresarial señaló que la falta de soluciones estructurales alimenta la conflictividad social. Este fenómeno genera un círculo vicioso que agrava el daño económico. La CEPB advirtió que algunos actores políticos usan discursos radicales, bloqueos y amenazas, poniendo en riesgo la recuperación económica.
Balance de los seis meses de gobierno
En el pronunciamiento, la CEPB hizo un balance de la gestión de Rodrigo Paz. Reconoció aciertos en economía, pero subrayó los desafíos para atender a los sectores vulnerables. La entidad afirmó que Bolivia necesita acuerdos, certidumbre y diálogo para superar la crisis y problemas como la escasez de dólares.
Propuesta de diálogo permanente
La CEPB propuso crear un espacio permanente de diálogo técnico, jurídico y político. Este foro incluiría al sector público, empresarios, regiones y organismos internacionales. El objetivo es viabilizar consensos sobre leyes relacionadas con inversiones, energía, minería e hidrocarburos.
Implicaciones de la crisis actual
El comunicado refleja la preocupación empresarial por la estabilidad democrática y económica. La CEPB sostiene que las demandas no deben vulnerar la ley. La organización considera que el diálogo es clave para evitar que el descontento ciudadano derive en un riesgo para la convivencia democrática y la recuperación económica.
