El Gobierno denuncia fuga del exjefe de YPFB y abre investigación
El Ministerio de Gobierno denunció que Yussef Akly Flores abandonó Bolivia vulnerando la Ley 1352 y anunció una investigación para identificar responsabilidades en controles migratorios. El caso ocurre en un momento sensible para el sector energético.
Denuncia oficial por incumplimiento de permanencia
El Ministerio de Gobierno afirmó que el expresidente ejecutivo de YPFB, Yussef Akly Flores, abandonó el territorio nacional incumpliendo la Ley 1352. Esta norma obliga a determinadas autoridades a permanecer en Bolivia durante seis meses tras concluir sus funciones. La denuncia se oficializó mediante un comunicado desde La Paz.
Investigación sobre controles migratorios
El Ejecutivo instruyó a la Dirección General de Migración el inicio de una investigación exhaustiva. Buscará establecer responsabilidades entre funcionarios que facilitaron, permitieron u omitieron controles que derivaron en la salida irregular del exresponsable de YPFB.
Contexto de presión sobre el sector energético
El caso emerge por las presiones sobre la producción de hidrocarburos, la importación de combustibles y el debate político sobre la situación de YPFB. La estatal petrolera está bajo escrutinio por su impacto en la provisión de carburantes y la estabilidad económica del país.
Tono político del Gobierno
El comunicado endurece el tono político. El Gobierno aseguró que aplicará la ley con el mismo rigor para todos y advirtió que no tolerará encubrimiento, protección o utilización de influencias para evitar responsabilidades.
Antecedentes de la Ley 1352
La Ley 1352 fue promulgada para evitar que exautoridades abandonen el país antes de responder por auditorías o investigaciones de su gestión. Su aplicación ha generado debate jurídico y político en casos vinculados a altos cargos del Estado.
Implicaciones del caso
Hasta el cierre de la edición, no existía versión pública de Yussef Akly Flores sobre las acusaciones. Tampoco se conocieron detalles sobre su destino ni sobre eventuales medidas judiciales adicionales que podrían activarse.
