Minería ilegal desafía al Estado con respaldo político y armas
La minería ilegal en Bolivia constituye una amenaza directa a la gobernabilidad y a la soberanía estatal, según la AJAM. El director ejecutivo, Jaime Sanabria, advirtió que esta actividad ha pasado de ser marginal a una estructura con control territorial y protección desde el poder público.
Redes de protección desde el poder político
Sanabria identificó la participación de exautoridades de alto nivel en operaciones mineras ilegales a gran escala. Entre los implicados figuran un exsenador, un expresidente de la Cámara de Diputados y un exgobernador de Potosí junto a su entorno familiar. El director de la AJAM afirmó que estos casos evidencian la profundidad de los vínculos entre la actividad ilícita y el poder político.
Tráfico de mercurio y complicidad estatal
Sanabria mencionó el ingreso de al menos cuatro toneladas de mercurio desde México, lo que atribuyó a la participación o negligencia de instancias estatales encargadas del control aduanero y la fiscalización. La presencia de este material es clave para la actividad ilegal.
Territorios bajo dominio de redes ilegales
El titular de la AJAM afirmó que existen zonas donde el Estado ha dejado de ejercer autoridad. Entre estas áreas mencionó regiones del norte de La Paz como Pelechuco, Curva, Sorata y Mapiri; zonas del Beni en los ríos Beni y Madre de Dios; y sectores de Potosí como Tupiza y Chuy Chuy. En estos territorios, la presencia de grupos armados es cada vez más evidente.
Operativos repelidos con armamento moderno
Sanabria señaló que operativos estatales han sido repelidos con armamento moderno e incluso explosivos, incluyendo armas presuntamente sustraídas de instalaciones militares. En la comunidad de Lipichi, los intentos de restitución de derechos mineros legales derivaron en enfrentamientos con heridos por arma de fuego.
Falta de respaldo legislativo y judicial
En el plano institucional, Sanabria cuestionó la falta de respaldo del Parlamento, que no ha acompañado reformas clave como la prohibición del mercurio o la modificación de la ley minera. También denunció que el Ministerio Público presenta altos niveles de inacción, con fiscales que dilatan procesos o permiten el rechazo de causas.
Implicaciones del avance ilegal
Sanabria concluyó que la magnitud de la minería ilegal ha superado la capacidad de respuesta del Estado, debilitado por procesos de desinstitucionalización y por la desventaja frente a organizaciones que manejan recursos financieros y tecnológicos superiores. La falta de un censo actualizado de operadores impide dimensionar el problema en áreas protegidas.
