Paz pide esperar investigación por asesinato de magistrado Claure
El presidente Rodrigo Paz instó a no especular sobre el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure, ocurrido el jueves en Santa Cruz, mientras políticos advierten del avance del crimen organizado.
Asesinato de un magistrado conmociona el sistema judicial
El jueves, Víctor Hugo Claure Hinojoza fue asesinado por sicarios que viajaban en motocicleta cuando circulaba en su vehículo por la avenida Busch y el barrio Costanera, cerca del cuarto anillo de Santa Cruz de la Sierra. El presidente Paz expresó solidaridad con la familia y pidió respeto a la investigación. La Vicepresidencia condenó el hecho y urgió a la Policía a impulsar cambios estructurales. Cancillería calificó el crimen como un grave atentado contra la institucionalidad democrática.
Políticos alertan sobre el avance del narcotráfico
El expresidente Jorge Quiroga vinculó el asesinato al narcotráfico violento y pidió un alto a los sicariatos. Samuel Doria Medina advirtió que Bolivia no debe convertirse en un país dominado por el crimen organizado y puso la atención en la Policía Nacional. El gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, calificó el hecho como muy preocupante y exigió justicia.
Críticas a la falta de control estatal
El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, afirmó que las autoridades perdieron el control total y que Bolivia pierde la batalla contra las mafias. El diputado Rolando Pacheco señaló que el sicariato se ha vuelto el pan del día y criticó la inacción del Ministerio de Gobierno. El senador Leonardo Roca advirtió sobre una escalada de violencia, recordando que en las últimas semanas hubo tres muertos.
Antecedentes del caso Claure
El magistrado Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental, fue víctima de un ataque a tiros el jueves cerca de la medianoche. Los informes preliminares indican que sicarios en moto lo interceptaron y dispararon mientras estaba en su vehículo.
Implicaciones del asesinato
El crimen evidencia una escalada de violencia contra autoridades judiciales en Santa Cruz y pone en debate la seguridad estatal. Las advertencias de los políticos señalan una posible infiltración del narcotráfico, mientras el Gobierno insiste en esperar la investigación.
