El TSE elaborará un nuevo padrón y reformará la Ley Electoral hasta 2027
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se abocará a dos tareas centrales: la elaboración de un nuevo padrón electoral y la modificación de la Ley Electoral, según anunció su presidente, Gustavo Ávila, tras un ciclo de elecciones iniciado en 2024. Ambos procesos deberán concretarse antes de 2027.
Un padrón como «herida abierta»
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, calificó el actual padrón electoral como una «herida abierta» que genera dudas y se utiliza políticamente. Ávila asumió el compromiso de iniciar gestiones para un nuevo padrón que incorpore mayores medidas de seguridad y garantice un proceso más ágil y accesible para todos los bolivianos.
Financiamiento y plazos
El TSE presentará su propuesta de financiamiento al Órgano Ejecutivo y coordinará con el Legislativo. Además, gestionará apoyo de organismos multilaterales interesados en fortalecer la democracia en Bolivia.
Ley Electoral con dos décadas de vigencia
Ávila afirmó que la normativa actual, con más de 20 años de antigüedad, fue elaborada para la «participación de un solo partido». Cuestionó sus regulaciones sobre sustitución de candidaturas, inhabilitaciones y debates. El TSE ya cuenta con un proyecto de ley que someterá a socialización.
Proceso de socialización
La socialización del proyecto comenzará tras un encuentro nacional con los nueve tribunales electorales departamentales previsto para la próxima semana. Ávila indicó que esta etapa no debería extenderse más allá de 90 días antes de su presentación a la Asamblea Legislativa.
Antecedentes: contexto electoral reciente
El anuncio del TSE se produce después de un ciclo de elecciones consecutivas que se prolongó desde 2024, lo que motivó la necesidad de revisar tanto el padrón como la normativa electoral vigente.
Implicaciones del plan electoral
La implementación del nuevo padrón y la reforma de la Ley Electoral buscan resolver las dudas sobre el proceso electoral y actualizar una normativa cuestionada. El TSE deberá coordinar con los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como con actores políticos y sociales, para cumplir con el plazo establecido hasta 2027.
