La Policía Boliviana sufre una crisis estructural por corrupción y captura política
La Ley Orgánica de la Policía Nacional de 1985 es «ambigua y anticuada» respecto a la Constitución de 2009, lo que genera contradicciones en su funcionamiento, según expertos en seguridad consultados por ANF.
Un marco normativo obsoleto agrava la crisis
El experto Omar Durán calificó a la institución como un «cáncer con metástasis profunda». La LOPN, vigente desde 1985, aún menciona a la «Policía Nacional» y mantiene figuras como los «juzgados policiales», que vulneran la unidad jurisdiccional. También persiste el concepto de «vagos y malentretenidos», considerado discriminatorio.
Corrupción extendida y vínculos ilícitos
Durán afirmó que hasta un 90% de los efectivos mantiene vínculos con redes ilícitas como narcotráfico o sicariato. Prácticas como felicitar a policías por no recibir sobornos evidencian un deterioro ético. Las denuncias de extorsión y cobros indebidos son frecuentes en controles y trámites.
Captura política y grupos de poder internos
Durán denunció que sectores del poder utilizan a la Policía para proteger intereses particulares. Existen «grupos de poder» que frenan cualquier reforma desde el interior. El sistema de ascensos responde a criterios políticos, no técnicos, según el experto Jorge Santistevan.
Régimen disciplinario «permisible» e impunidad
Santistevan calificó el régimen disciplinario de «permisible», ya que efectivos implicados en delitos son apartados temporalmente y luego reincorporados. Propuso una «depuración implacable» en todos los rangos y criticó a la DIGIPI por ser vulnerable a prácticas de extorsión.
Antecedentes de una degradación institucional
La LOPN fue concebida bajo un modelo republicano previo al Estado Plurinacional. La autonomía investigativa de la «Policía Judicial» contradice el rol del Ministerio Público. Las denuncias de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza han erosionado la confianza ciudadana.
Implicaciones de una reforma necesaria
Ambos expertos coinciden en que la reforma no puede limitarse a ajustes superficiales. Debe incluir una transformación en la formación policial, actualización doctrinal y un rediseño institucional que garantice sujeción al orden constitucional y profesionalismo.
