Fiscalía identifica daño de 711 millones en hospital gastroenterológico
El Ministerio Público cuantificó un perjuicio de 711 millones de bolivianos en la construcción del Instituto Gastroenterológico de Cuarto Nivel en La Paz. La obra, paralizada por un deslizamiento, no se puso en funcionamiento. La investigación involucra a 15 personas.
Fallas en la fiscalización y advertencias ignoradas
El fiscal Wilson Medrano señaló que no se realizaron evaluaciones minuciosas en las fases de preinversión, inversión y ejecución. Tampoco hubo una adecuada fiscalización por parte de la empresa contratista y la entidad estatal. Informes del Colegio de Ingenieros de Bolivia y del Estado Mayor del Ejército ya habían advertido sobre fisuras, hundimientos y humedad en el terreno, indicando que el área no era apta para un hospital de esa magnitud.
Contrato y entrega incumplida
El contrato entre la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) y la Empresa Constructora Makiber S.A. se firmó en julio de 2018 bajo la modalidad «llave en mano». La entrega estaba prevista para abril de 2026, pero la obra no concluyó. En una entrega provisional en 2024 se identificaron varias irregularidades.
Quince investigados, incluida exministra de Salud
El fiscal informó que existen 15 personas investigadas. Entre ellas figuran la exministra de Salud, María Reneé Castro, y el exdirector de la AISEM. Se indica que decidieron continuar con la construcción pese a las advertencias técnicas. La exministra será citada a declarar nuevamente por nuevos elementos en la investigación.
Acciones legales contra la constructora
Frente al representante de la empresa constructora se presentó una imputación por contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contratos. El fiscal solicitó su detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro.
Antecedentes de una obra con problemas estructurales
El proyecto, diseñado para ser un hospital de alta complejidad, adoleció de fallas desde su inicio. Los informes técnicos alertaron sobre la inestabilidad del terreno en la zona de Miraflores, donde se edificaba la obra, lo que finalmente derivó en un deslizamiento que afectó gravemente la infraestructura.
Cierre: Implicaciones de una investigación en curso
El caso judicial continúa su tramitación para determinar responsabilidades por el daño económico al Tesoro General del Estado. La investigación busca aclarar las decisiones que llevaron a continuar la obra en un terreno identificado como riesgoso, lo que resultó en una infraestructura sanitaria inutilizable.
