Fiscalía acusa a exministro Siles y seis personas por manipulación judicial
La Fiscalía de La Paz presentó un pliego acusatorio por los delitos de tráfico de influencias, consorcio y organización criminal. Solicita el inicio de juicio oral contra el exministro de Justicia César Siles y otros seis implicados. El caso gira en torno a una acción para destituir a la magistrada del TSJ Fanny Coaquira.
Acusados y delitos en la mira de la justicia
Los fiscales Omar Condori, Miguel Cardozo y Wilson Medrano solicitaron al juez anticorrupción el inicio del trámite para el juicio oral. Piden una sentencia condenatoria para todos los acusados en grado de autores. Los imputados son Yván Córdova, Claudia Castro, José Uriarte, Iván Campero, Sergio Sarmiento y Oscar De La Fuente, este último prófugo.
Origen del caso: una acción de cumplimiento
El proceso comenzó con una audiencia de acción constitucional que cuestionaba documentos de la magistrada Fanny Coaquira. Oscar De La Fuente presentó el 11 de junio de 2025 una acción para suspender a Coaquira, alegando falsedad en datos ante la Asamblea Legislativa. La supuesta adulteración de su experiencia laboral no fue investigada.
Un antecedente trágico y acusaciones de presión
Uno de los primeros detenidos fue el exjuez Marcelo Lea Plaza, quien luego se quitó la vida bajo detención domiciliaria. Antes de fallecer, acusó a funcionarios del Ministerio de Gobierno de la gestión de Luis Arce de someterlo a torturas para direccionar sus declaraciones.
Reuniones coordinadas y un audio clave
Según declaraciones, la exvocal Claudia Castro organizó reuniones desde mayo de 2025 para coordinar la acción de cumplimiento. El caso tomó relevancia con la publicación de un audio donde una voz atribuida a César Siles ofrecía garantías al juez Lea Plaza a cambio de una resolución favorable.
La investigación concluye y busca sentencia
La comisión de fiscales de La Paz dio por concluida la investigación. El pliego acusatorio solicita que las condenas se cumplan en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes y el recinto de San Pedro. También se pide el pago de costas al Estado y una reparación de daño civil.
