Juez suspende difusión de encuestas electorales de Unitel en Santa Cruz
Un juzgado de El Torno ordenó mediante medida cautelar frenar la difusión de estudios de intención de voto por la televisora Unitel. La decisión se tomó a petición de una ciudadana y a pocas horas del debate por la Gobernación. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue notificado bajo advertencia de sanción.
Controversia por una medida judicial exprés
El Juzgado Público Mixto de El Torno, a cargo del juez Diego Campero García, emitió la resolución con inusual rapidez. La acción popular fue presentada la mañana del sábado 11 de abril y horas después ya contaba con la medida cautelar. La audiencia para tratar el fondo del caso está convocada para el 17 de abril.
Los argumentos de la demanda
La accionante, María Elena Aramayo Quinteros, argumenta que la difusión de encuestas en un momento decisivo puede afectar la equidad y condicionar el voto. Señala discrepancias entre algunos estudios y resultados finales, y cuestiona la falta de transparencia en metodología o financiación.
Reacción política y advertencia de injerencia
La diputada Patricia Arancibia pidió al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, pronunciarse. Considera que la decisión judicial podría contradecir un acuerdo interinstitucional del 15 de enero de 2026 para el “Fortalecimiento del Sistema Democrático”, que establece la no interferencia judicial en procesos electorales.
Acusaciones y acciones anunciadas
Arancibia denunció que un consorcio jurídico vinculado a un candidato impulsó la acción. Advirtió que, de confirmarse irregularidades, su bancada impulsará acciones legales. También anunció peticiones de informe al TSJ y al TSE para esclarecer los alcances de la resolución.
Antecedentes: Un acuerdo para no interferir
El 15 de enero de 2026 se suscribió un acuerdo entre el TSE, el TSJ, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Este pacto establece la no interferencia de instancias judiciales en procesos electorales mediante medidas cautelares y reconoce al TSE como la máxima autoridad en la materia.
Cierre: La sombra sobre el proceso decisivo
El fallo judicial sitúa a los órganos electorales y judiciales en un escenario de tensión institucional. Su impacto inmediato se da en la fase final de la campaña para la Gobernación, generando incertidumbre sobre el derecho a la información y el desarrollo del resto del proceso.
