Diputada Diana Romero denuncia a Sofía Rocha por acoso político ante Comisión de Ética
La diputada Diana Romero (PDC) presentó una denuncia formal ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados contra la parlamentaria suplente Sofía Rocha (Libre). La acusa de presunto acoso político y de cometer faltas gravísimas, graves y leves. El conflicto surge de declaraciones públicas de Rocha que cuestionan el trabajo legislativo de Romero.
Acusaciones públicas y defensa parlamentaria
La denuncia se basa en declaraciones reiteradas de Sofía Rocha. La suplente afirmó que Romero “utiliza recursos del Estado para viajes de placer” y que “abandonó sus funciones como Diputada Nacional”. En respuesta, Diana Romero defendió su labor, enumerando 21 Peticiones de Informe Escrito, cuatro proyectos de ley y siete homenajes camarales como parte de su gestión.
Denuncia de hostigamiento y amenazas
Romero sostiene que las “acusaciones falsas” buscan afectar su dignidad y vulnerar sus derechos políticos como mujer y autoridad electa. Asegura no mantener relación personal con Rocha, pero denuncia “constantes amenazas de hacerme quitar el curul”. La legisladora afirmó que no renunciará ni cederá ante presiones, calificando las acciones de Rocha como un “hostigamiento reiterado” con fines de intimidación.
Solicitud de medidas y sanciones
Ante la Comisión de Ética, Diana Romero pidió la apertura de un proceso disciplinario contra Sofía Rocha. Solicitó la aplicación de las sanciones correspondientes y la adopción de medidas de protección a su favor. El caso queda ahora en manos del órgano cameral para su evaluación.
Antecedentes del conflicto cameral
El proceso se sustenta en las reiteradas declaraciones públicas de la diputada suplente Sofía Rocha, en las que cuestiona la labor legislativa de Diana Romero y la acusa de no cumplir con sus funciones.
Implicaciones del proceso ético
La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados deberá evaluar la denuncia y determinar la procedencia de un proceso disciplinario. El resultado puede derivar en sanciones para la parlamentaria denunciada, según lo establecido en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa.
