Gobierno boliviano anula 161 decretos que permitían contrataciones directas

El Gobierno anuló 161 decretos de contratación directa mediante el DS 5600, eliminando normas sin monto límite. La medida obliga a que todas las adquisiciones estatales sean competitivas, buscando transparentar el gasto público y auditar lo ejecutado, con un daño estimado superior a 96 millones de dólares.
Correo del Sur
Ministro José Luis Lupo durante la conferencia de prensa.
Ministro José Luis Lupo durante la conferencia de prensa. / APG Sucre/CORREO DEL SUR / Diario Correo del Sur

Gobierno anula 161 decretos de contratación directa con DS 5600

El Decreto Supremo 5600 elimina 105 normas sin monto límite. La medida, presentada por el presidente Rodrigo Paz y sus ministros, obliga a que todas las adquisiciones estatales se realicen ahora mediante mecanismos competitivos. El objetivo es transparentar el gasto público y auditar lo ejecutado en el pasado.

Un sistema para direccionar y desfalcar

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que el esquema anterior permitía a las instituciones públicas seleccionar a un único proveedor sin comparación de ofertas. Afirmó que los decretos anulados, todos del periodo del MAS, «son instrumentos para poder robarle al pueblo de Bolivia». El daño económico estimado supera los 96 millones de dólares.

Obras paralizadas y un modelo desmontado

Entre los casos presentados hay tres unidades de radioterapia en Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. Estas obras, adjudicadas directamente, están paralizadas con un 14% de avance y sin equipamiento. El presidente Paz señaló que la norma busca desmontar un modelo que se volvió una «ideología de corrupción».

Antecedentes de un esquema de 20 años

Los 161 decretos observados y ahora anulados fueron aprobados durante los 20 años de gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS). El ministro Lupo aseguró que formaban parte de un sistema de corrupción instituido en el país durante casi dos décadas.

Implicaciones de una nueva forma de contratar

La aplicación del DS 5600 implica que todas las futuras contrataciones públicas deberán seguir las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, basadas en competencia. El Gobierno anunció que revisará y auditará lo ejecutado bajo el esquema anterior para determinar responsabilidades.

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