Informe oficial revela que el sistema penitenciario carece de diagnóstico y tiene proyectos paralizados

La Rendición Pública de Cuentas Final de la gestión 2025 del Ministerio de Gobierno expone un panorama crítico. El documento señala resultados insuficientes y la falta de indicadores para evaluar el impacto real de las acciones en el sistema penitenciario nacional.

Falta de planificación en infraestructura y servicios

El informe identifica la ausencia de un diagnóstico técnico sobre hacinamiento, lo que impide medidas efectivas para mejorar la habitabilidad. En salud, un incremento del 30% en cobertura se considera insuficiente. Los programas educativos no lograron abarcar a la totalidad de la población interna proyectada.

Cuestionamiento a la capacitación y unidades productivas

Se cuestiona la efectividad de los convenios con instituciones privadas para capacitación laboral, por falta de datos sobre beneficiarios y resultados. Las unidades productivas presentan bajo rendimiento y equipos adquiridos, como maquinaria en Qalauma, no han generado mejoras sustanciales.

Proyectos de rehabilitación paralizados y deficiencia tecnológica

Persisten retrasos en proyectos para atención de drogodependencia en centros como Qalauma y Santo Domingo de Cantumarca, que continúan en etapa administrativa. Además, el sistema de “Estado Digital” no cuenta con el equipamiento necesario, limitando el control automatizado y los registros digitales.

Antecedentes de una gestión deficitaria

La Rendición Pública de Cuentas Final de la gestión 2025 del Ministerio de Gobierno expuso un panorama crítico del sistema penitenciario en el país, marcado por la ausencia de diagnósticos técnicos, debilidades estructurales y la paralización de proyectos clave para la rehabilitación y reinserción social.

Conclusión: Necesidad de una reforma profunda

El Ministerio de Gobierno calificó la gestión penitenciaria 2025 como deficitaria. Advirtió la necesidad de una reforma profunda para garantizar condiciones dignas, mejorar la rehabilitación y asegurar una reinserción efectiva de las personas privadas de libertad.