Diputada propone transferir Derechos Reales al Ejecutivo; Magistratura rechaza la medida
La diputada Claudia Bilbao (PDC) presentó un proyecto para que el Ministerio de la Presidencia administre Derechos Reales. El Consejo de la Magistratura rechazó la iniciativa y advirtió que compromete la seguridad jurídica y los derechos de propiedad y privacidad.
Argumentos a favor de la transferencia
La legisladora oficialista remitió el proyecto de ley 294 a la Cámara Baja el 4 de marzo. En sus argumentos, señaló que Derechos Reales colapsó y que la falta de interoperabilidad ha causado que un predio tenga hasta tres propietarios. Considera que bajo el Órgano Ejecutivo se mejorará la infraestructura tecnológica y la conectividad de datos con otras entidades estatales.
Contenido del proyecto de ley
La norma propone la transferencia de la base de datos, el sistema informático y los archivos al Ministerio de la Presidencia en un plazo de 180 días. Además, dispone la creación de la Dirección Nacional de Registro Propietario (DINAREP) como una entidad pública descentralizada bajo tuición de la Presidencia.
Rechazo y advertencia de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura rechazó la iniciativa. Alertó que centralizar la información en un solo órgano del Estado debilitará la confianza en el sistema de la propiedad y facilitará el acceso a los datos patrimoniales, vulnerando la protección a la propiedad y a la privacidad. Señaló que la seguridad jurídica no puede estar sujeta a estructuras de carácter político.
Llamado a un debate técnico
La Magistratura pidió a la Asamblea Legislativa abrir un debate técnico e interinstitucional, incluyendo al Órgano Judicial. Solicitó priorizar reformas que fortalezcan el sistema institucional independiente.
Antecedentes de la propuesta
La diputada Claudia Bilbao propuso, a través de un proyecto de ley, que Derechos Reales sea administrado por el Ministerio de la Presidencia. El proyecto fue enviado a la comisión de Justicia Plural para su tratamiento.
Implicaciones del conflicto institucional
El desacuerdo entre la Asamblea Legislativa y el Consejo de la Magistratura genera incertidumbre sobre el futuro de la administración del registro de la propiedad. La decisión final recaerá en el tratamiento legislativo del proyecto de ley.
